Inventario y logística de medicamentos en la CSS costará $42 millones al año

La Caja de Seguro Social adjudicó este martes el servicio para la actualización, implementación e integración de los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos al Consorcio Salud en Control por $168 millones.

Se trata de la licitación por mejor valor número 2019-1-10-0-99-LV356528 a la cual convocó la CSS el 5 de enero pasado, con un precio de referencia de $200 millones para un periodo de 4 años —$50 millones por año— para el sistema de inventario de medicamentos en la entidad.

A la licitación por invitación llegaron dos propuestas: una por $129.5 millones del Consorcio mexicano Disur & Motion Health, conformada por Distribuidora Disur y Sistemas Neumáticos de Envíos; y la otra por $168 millones presentada por el Consorcio Salud en Control, formado por la mexicana Intercontinental de Medicamentos y la sociedad panameña PMG Logistic Group.

La oferta de Disur & Motion Health fue descalificada, según consta en la resolución de adjudicación publicada en Panamá Compra, por “no cumplir con los requisitos mínimos obligatorios”, lo que también les omitió ser evaluados.

En cambio, la comisión evaluadora nombrada el 17 de enero por el director de la CSS, Enrique Lau, calificó con 97 puntos al único proponente que quedó y al cual adjudicó el servicio pagando una diferencia de $38.5 de más versus la otra propuesta.

Ambas empresas mexicanas, Disur e Intercontinental de Medicamentos, tienen historial dudoso en licitaciones públicas de medicamentos en México, según una investigación del medio 'La Silla Rota'. Según el medio mexicano, Intercontinental de Medicamentos —una de las empresas que conforman el consorcio ganador— fue descalificada en una licitación en el estado mexicano de Tamaulipas en agosto de 2018 por "diversas fallas e incumplimientos". 

La empresa ganó la licitación porque prometió instalar robots dispensadores de medicamentos, pero eso no ocurrió y en su lugar llevó personal, lo que provocó quejas de los empleados de salud que fueron desplazados. Sin embargo, fue admitida a nueva licitación en 2019 en el mismo estado, reportó el medio. 

Distribuidora Disur por su parte, que forma parte del consorcio descalificado por la CSS en esta licitación, también fue beneficiada en una licitación del estado mexicano de Morelos "por un valor cuatro veces mayor al precio original" en medicamentos, gracias a la relación del dueño de la empresa con el ex gobernador de ese estado, reveló el mismo medio mexicano.  

El contratación incluye la capacitación del recurso humano de la entidad para que pueda planear la adquisición, logística de distribución y dispensación de medicamentos e insumos quirúrgicos en un plan de cuatro años tanto para centros hospitalarios de la entidad como para entregas a domicilio a los pacientes. Además de unidades de transporte para “fortalecer el parque vehicular de la CSS” y equipo para el control de inventario, receta electrónica, distribución y un análisis de los almacenes y bodegas donde actualmente se guardan los medicamentos de la entidad.

A pesar de reconocer la necesidad del proyecto, Daniel Ábrego —empresario de logística intrahospitalaria con 20 años en el sector—calificó el monto del proyecto como “inflado” en entrevista con La Estrella de Panamá. Es necesario porque ahora cada distribuidora despacha a los centros de distribución que tiene la CSS, pero de allí salen los medicamentos “sin control de inventario, sin trazabilidad, sin garantía de la cadena de frío y con mucha ineficiencia” explica.

Ábrego participó en las reuniones de homologación con intención de participar, pero reconoció que a medida que pasaba el tiempo, el pliego de cargos sufrió varias modificaciones, la presentación de propuestas se postergó dos veces y  decidió ahorrarse la fianza de $60 mil "sabiendo que no iba a ganar".

En otra carta dirigida al director de la CSS por la misma licitación, otro empresario del sector alimenticio, Luis Pinedo, pide a Lau que aclare por qué el criterio de despacho está basado en 10 millones de personas cuando Panamá tiene una población de 4 millones y los criterios para establecer el precio de referencia de $200 millones ($50 millones por año).