Aprueban reducir a tres años inhabilitación para contratar a empresas confesas por corrupción

En medio de fuertes cuestionamientos al Órgano Ejecutivo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes en segundo debate el proyecto número 10 que modifica la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, y que fue vetado parcialmente por el presidente del República en sus artículos 12, 27, 53, 63 y 64.

El debate se centró en el artículo 12 referente a la incapacidad para contratar, tras considerar el mandatario que contraviene los artículos 20, 25, 32, 40, 64 y el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política.

Sostuvo el Presidente de la República en su veto, que la redacción del numeral 9, es inexequible, porque vulnera los efectos jurídicos del artículo 32 de la Constitución Política de la República debido a que se impone una sanción administrativa a una persona que se encuentra bajo investigación y que con sus aportes contribuye con el Estado (Ministerio Público) en un proceso de investigación penal o jurisdiccional, sin que inclusive, sea o pueda ser sancionada penalmente; pero que, con la fórmula del Proyecto de Ley 10 de 2019, se le está sancionando por ello a perpetuidad, al no fijarse un término.

También plantea que es inexequible porque viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, ya que se desconoce el derecho de una de las partes, cooperantes en el proceso, mientras que establece condiciones favorables a otros involucrados en el ilícito, lo que atenta contra el principio de proporcionalidad, al no tomar en consideración el criterio de ponderación, que determina a cada quien su grado de responsabilidad, buena fe y lealtad procesal.

Una propuesta de modificación presentada por el presidente de la Comisión de Comercio, Luis Cruz, siguiendo recomendaciones del Ejecutivo, fijó un término de tres años la inhabilitación para contratar a quienes realicen acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena, donde reconocen la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública.

En la redacción del proyecto original no se establecía un término de inhabilitación para el colaborador eficaz, pero sí se fija un término de inhabilitación por cinco años a los condenados por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas naturales con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o extranjero.

Dentro de los cuestionamientos, el diputado independiente Juan Diego Vásquez indicó que el presidente Cortizo envió un veto parcial a la Asamblea para que la inhabilitación a empresas condenadas fuera solamente 5 años y empresas que confiesan la inhabilitación sea 3 años.

“Gracias Presidente. Ya sé que puedo amañar un contrato, confesar y luego buscar otro mal contrato con el mismo gobierno”, dijo.

Agregó que estas son las señales que vienen desde Presidencia. “Varios colegas buscábamos inhabilitaciones más severas y hasta la de por vida. Para el Presidente es inconstitucional decirle a un corrupto que no puede contratar con el Estado y pero es normal cárcel a los que protestan”, planteó Vásquez.

Sostuvo que hoy el responsable de que la Asamblea no mejorara esta ley de una manera más productiva es el Ejecutivo.

La diputada perredista Zulay Rodríguez planteó que con esta inexequibilidad pareciera que se ha hecho una defensa a las "empresas ladronas que le robaron millones de dólares al pueblo panameño".

“Dicen que nosotros le estamos violentando el debido proceso porque estamos pidiendo la inhabilitación permanente y no lo podemos castigar de por vida, porque dicen que ellos han hecho una colaboración efectiva”, exclamó Rodrpiguez a manera de crítica.

“Debió ser efectiva, esa colaboración, Odebretch nunca hizo esa colaboración eficaz, dejó a fuera los peces gordos”, afirmó Rodríguez.

El diputado panameñista Pedro Torres, también criticó la reducción a tres años la inhabilitación para contratar a las empresas que pacten acuerdos de colaboración.

Por su parte, el también independiente Edison Broce manifestó que no es posible que se dé una discusión en estos momentos de artículos con una redacción que flexibiliza y que permite a las empresas condenadas por corrupción seguir contratando con el estado.

“Parece que aquí hay amigos del poder que se quieren seguir beneficiando, hasta cuando vamos a tolerar eso. No podemos seguir permitiendo que el carrusel de la corrupción siga. Esta es un Asamblea renovada”, dijo.

En un principio, los artículos objetados, especialmente el artículo 12 no contaba con los votos, sin embargo, luego de un receso de 20 minutos, el presidente de la Asamblea Marcos Castillero convocó a la votación y los ajustes al proyecto de contrataciones públicas fueron aprobados sin mayor dificultad.  El diputado Juan Diego Vásquez comunicó su voto de rechazo al artículo 12.