Auditoría Social del Plan Panamá Solidario tiene 199 denuncias de las que investigan 61

Hasta el 31 de julio, la Comisión de Justicia y Paz (CJP)de la Conferencia Episcopal Panameña informó que ha recibido un total de 199 denuncias en contra del Plan Panamá Solidario, el cual fue creado para llevarle a las familias más vulnerables, alimentos y bonos canjeables en alimentos y medicinas, debido a la pandemia covid-19. 

Rigoberto Pitty, representante de la CJP explicó este jueves en medio de una gira en las provincias de Herrera y Los Santos, que hasta julio "se han recibido 199 denuncias, de las cuales 61 han sido reportadas en el sistema digital de la Contraloría General de la República (CGR)".

"Cada denuncia se trabaja y se van descartando, ya que las personas informan que han recibido el bono o la bolsa, y se van depurando las denuncias por amiguismo o partidos políticos", puntualizó Pitty.

El personal de la CGR en colaboración con la CJP visitaron las comunidades de El Bebedero, distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y las comunidades de Suay y Los Helechales, corregimiento de Leones, en la provincia de Herrera, para hacerles la entrega de bolsas con alimentos y los bonos.

Ambas entidades están realizando una Auditoría Social del Plan Panamá Solidario. Hasta el momento han visitado las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Veraguas.

Durante la gira visitaron el Centro de Acopio del Programa Panamá Solidario en las instalaciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de ambas provincias. La agenda cumple con un Convenio de Cooperación y Apoyo entre la Conferencia Episcopal de Panamá y la Contraloría General de la República.

Según manifestó el director Nacional de Fiscalización, Jorge Luis Quijada, mediante un comunicado de prensa "esta experiencia se constituye en una oportunidad para la participación ciudadana en el Plan Panamá Solidario y así garantizar que se cumpla con su objetivo de llegar a las familias más vulnerables".

De acuerdo con Quijada "estas denuncias entran en proceso de evaluación y, en los casos que se amerite, se remitirá una carta firmada por el contralor Gerardo Solís a cada coordinador provincial para que solucione la queja o denuncia puesta en su conocimiento. En caso de que amerite una investigación, pasará a la Dirección Nacional de Auditoría y, de ser necesario, al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas".