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27 de Oct de 2020

Nacional

Jubilados pedirán al presidente Cortizo pago de deuda millonaria con recursos del Fondo de Ahorros de Panamá

Según el dirigente Héctor Ávila se le deben cerca de 365 millones de dólares en intereses a los jubilados y pensionados

Fecha
Los jubilados y pensionados protestarán en horas del medio día en los predios de la Presidencia de la República.Archivo| La Estrella de Panamá

Jubilados y pensionados de la Coordinadora Fecha, protestarán este martes en los predios de la Presidencia de la República para proponerle al Presidente Laurentino Cortizo Cohen, que el Gobierno les pague con recursos del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP), una deuda 365 millones de dólares correspondiente a los intereses de la segunda partida del décimo tercer mes, dejados de pagar a trabajadores de los sectores público y privado durante los años de 1972 y 1983.

Durante el Gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela se aprobó la Ley 15 del 10 abril del año 2017, que ordenó el pago del capital y 12 años de intereses acumulados (al 3%) desde los años de 1972 a 1983,  y que se hizo efectivo mediante la entrega de Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM).

No obstante, los jubilados y pensionados reclaman que se les pague un monto cercano a los 365 millones de dólares en intereses acumulados por el resto de los 36 años transcurridos que no fueron incluidos en la Ley 15 de 2017.     

El dirigente de El Chorrillo, Héctor Ávila, quien lidera la Coordinadora Fecha, recordó que en marzo pasado, poco antes de que se probara la ley que permitió al Gobierno el uso de los fondos del FAP, debido a la pandemia de Covid-19, el gerente general de Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo Esquivel, explicó que $1,000 millones, de los mil 311 millones que en ese momento tenía el FAP, estaban depositados en bonos y en instrumentos en el exterior.

Recordó Ávila que el gerente del BNP dijo que en caso de requerirse más de estos $300 millones que estaban disponibles en efectivo,  se expedirían facilidades de recompra, es decir, que el banco compra los papeles con el compromiso de que se los recompren con un precio estipulado.

Ávila precisó que en una reciente citación del ministro de Economía Héctor Alexander en la Asamblea Nacional, este manifestó que iba a proponer modificar un artículo para que si no se usan estos mil millones en papeles que hay fuera del país, se regresen al FAP, es decir, al pueblo panameño. 

Al respecto Ávila manifestó que la propuesta de los jubilados y pensionados es pedirle al Gobierno que el Estado panameño le haga justicia a los jubilados, con parte de estos mil millones en instrumentos en el exterior para pagar esta deuda.

Esto sostuvo Ávila le hará ganar utilidades inmensas al Banco Nacional de Panamá y activará la economía del país, golpeada por la pandemia.  

"Se trata de 365 millones de dólares adeudados en intereses, con los cuales serían beneficiados cerca de 290 mil jubilados y pensionados de empresas privadas y del gobierno. Ya la plata no es del FAP, el dinero está en manos del Estado, lo está manejando el Órgano Ejecutivo", sostuvo Ávila.

Los jubilados y pensionados también pedirán al presidente  Cortizo que sancione el proyecto de ley 768 que avalaba estos pagos y que fue aprobado en abril de 2019. A pesar de haber transcurrido más de un año desde su aprobación, este proyecto no ha sido ni vetado ni sancionado por el Órgano Ejecutivo y no ha sido promulgado por la Asamblea Nacional. 

"El presidente de la República tiene durmiendo ese proyecto. Ni Varela lo vetó ni él (Cortizo) lo puede vetar. El proyecto está en manos del Presidente Cortizo", preciso Ávila.

Este proyecto de ley 768 ampliaba el periodo de vigencia del cálculo de los intereses al capital correspondiente en el pago de la segunda partida del décimo tercer mes, dejados de pagar a trabajadores de los sectores público y privado durante los años de 1972 y 1983.

Este documento modificaba la Ley 15 del 10 abril del año 2017, que ordenó el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años de 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo.