La educación como eje de cambio del modelo económico

El papel de la educación en Panamá, al igual que otros componentes institucionales críticos –ejemplo, Caja de Seguro Social– no puede hacerse sin una valoración reflexiva del modelo de desarrollo y de sociedad del cual forma parte. No es posible soslayar en un análisis comprensivo, al modelo que domina desde los años 90 en el orden mundial postguerra fría, y que se describe de manera sintética como “economía de mercado”. Para los efectos históricos, es la expresión local del modelo neoliberal de mercado que se instala en el Panamá postinvasión, y cuyo rasgo más estilizado es el de constituir un régimen de crecimiento sin desarrollo.

El modelo se inaugura en nuestro país con la privatización de todas las empresas estatales –palancas de desarrollo del régimen torrijista–; y si había alguna duda de qué se trataba este cambio a una economía de mercado, la acción ideológicamente orientada del segundo gobierno postinvasión despojará al Estado de su principal instrumento de planificación: el Ministerio de Planificación y Política Económica, que es transformado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Las acciones de todos los ulteriores gobiernos profundizarán la lógica de mercado por medio de políticas neoliberales, hasta el sol de hoy. La pandemia hará visible el resultado de 30 años de política neoliberal, donde la economía panameña en el período 1997-2017 creció a tasas anuales promedio del 6%.

Un informe del BID (2019), “La desigualdad de Panamá: su carácter territorial y el papel de la inversión pública”, caracteriza la desigualdad social en Panamá de asimétrica y combinada. El estudio manifiesta: “lo que diferencia a Panamá no es la desigualdad que existe al interior de cada provincia, sino las diferencias entre ellas. Estos desequilibrios territoriales no solo son muy grandes, sino que, además, han ido en aumento”. Desde este eje de desigualdad, el SARS-CoV-2 puso en vitrina a una sociedad profundamente fracturada, en lo social y en lo regional.

Antes de la covid-19, un poco más de dos tercios de los empleados de la sociedad panameña –aproximadamente el 70% de la estructura salarial– tenían como límite superior $800; hacia abajo, el 51% de los empleados del país mantenía ingresos con un límite superior de hasta los $600; y más abajo, un 20% aproximadamente por debajo del salario mínimo, en la condición infrahumana. La pandemia ha profundizado esta estructura de desigualdad salarial, ahondando la exclusión económica y la marginación social.

Para agosto de 2019, la precariedad laboral y el desempleo cubría a un total de 951,385 panameños, el 46.0% de la población económicamente activa (PEA). Hoy, el número de trabajadores en condición de precariedad se podría elevar hasta el 60% de la PEA, afectando a cerca de 1,24 millones de trabajadores (J. Jované). Ser uno de los países más desiguales de América Latina es el resultado de este crecimiento económico sin desarrollo.

Las demandas formativas educativas reflejan las distorsiones de una “economía transitista”, cuyas demandas organizativas (tipo de educación), comerciales (tipo de trabajo) y sociales (tipo de sociedad) especializan la economía en un modelo de concentración y exclusión.

Las categorías empresariales con mayor proporción de universitarios pertenecen al sector terciario, esto es comercio y servicios: organizaciones y órganos extraterritoriales (100%), enseñanza (73%), intermediación financiera (70%), actividades de servicios sociales y de salud (55%), administración pública (49%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (47%).

En lo que se refiere al personal ocupado con mayor participación con nivel educativo de estudios secundario, comparten créditos actividades del sector terciario como productivas (sector secundario): construcción (58%), comercio (57%), otras actividades comunitarias y de servicios (57%), hoteles y restaurantes (57%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (55%), industria manufacturera (50%), hogares privados con servicio doméstico (49%) y explotación de minas y canteras (49%).

Por último, las categorías que poseen una mayor participación de ocupados con un nivel primario de instrucción son: explotación de minas y canteras (40%), hogares privados con servicio doméstico (36%), construcción (25%), industria manufacturera (24%) y hoteles y restaurantes (19%) (2019 Senacyt, con base en datos de INEC).

La educación es una institución, tanto en su forma jurídica como cultural. La Constitución de la República (capítulo 5° sobre la Educación) establece, entre muchas consideraciones, “el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse” bajo la responsabilidad del Estado. Sin embargo, la educación pública es una institucionalidad sin proyecto. Su nula articulación a un proyecto nacional de largo plazo y su complacencia con las exigencias de la coyuntura y del mercado la han despojado de trascendencia.

Ante la ausencia de una visión a largo plazo, se ha impuesto una concepción de mercado extremadamente instrumental, que ha desprovisto al estudiante del concepto de cultura y de la formación humanista que toda educación conlleva. Se ha enfatizado de mala manera “el hacer” y no el “saber hacer crítico reflexivo”. La eficiencia histórico social de la educación, no dependerá tanto de las atribuciones formales que se le asignen, como de la articulación que se establece entre esta y el desarrollo del país. Una educación sin proyecto de sociedad es incapaz de producir técnicos y profesionales de calidad.

Con todo, hay aceptación en el debate ciudadano que la educación y los recursos humanos constituyen un tema prioritario de carácter nacional. También sobre la importancia del aspecto institucional de la educación y en ella, los necesarios acuerdos sociales y políticos orientados a producir dicho cambio institucional.

Sin embargo, no queda claro en algunos sectores –especialmente en aquellos que abogan por una liberalización del “mercado profesional”–, que la transformación institucional en la educación solo adquiere trascendencia política y cultural, cuando ella crea valor agregado al trabajo y a las profesiones, en vínculo con una estrategia nacional de desarrollo; con una estrategia orientada hacia la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.

La pertinencia estratégica de la educación, base de su transformación institucional, debe estar diseñada a satisfacer dos objetivos orientadores, ciudadanía integral y competitividad internacional (F. Fajnzylber).

Primero, forjando una ciudadanía integral, definida en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: desarrollo humano integral, tanto en el mundo del trabajo como en la familia. Este desarrollo social, cultural y político en relación con la cohesión social del país, se orientan con códigos de pertenencia, participación plural, sistemática, e información en el mundo de la política. Es decir, a través de una ciudadanía plena y participativa.

Segundo, la competitividad debe ser entendida como auténtica. Ella “es la principal fuente de mejora en los niveles de productividad laboral, aquella que permite una mayor inserción en los mercados internacionales de productos con elevado contenido tecnológico y significativo valor agregado local”.

Es lo que podríamos denominar articulación productiva a través de cadenas de valor. Concepción que asegura una inserción en el proceso de desarrollo regional y nacional, a partir de distintos niveles de desempeño de las fuerzas productivas.

Por último, la estrategia de desarrollo en una etapa de transformación productiva debe articular como idea-fuerza central el círculo virtuoso del desarrollo que articula en sinergia, “educación-progreso técnico-competitividad-equidad”.

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.