Mujeres, las más afectadas por la crisis de la pandemia

Las mujeres son un grupo vulnerable y esa vulnerabilidad se exacerbó con la llegada de la pandemia. Por siglos, la mujer ha luchado por una igualdad de derechos, sin embargo, la desigualdad ha persistido en términos laborales, en oportunidades, remuneración y en responsabilidades de atención a la familia. No es extraño deducir que las mujeres han sido las más afectadas en la pandemia.

Con esta reflexión se inició la exposición de Virginia Torres Lista Phd. directora de investigación de la Universidad Santa María la Antigua (USMA) e investigadora asociada del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales (Cenics) quien presentó en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) la conferencia “Impacto social de la pandemia en la vida de las mujeres”.

La mayoría de contratos suspendidos, la mayoría de las empresas cerradas era donde se concentraban las mujeres.

“Antes de la covid-19 había una carga de trabajo no remunerada”, recuerda Torres. Y efectivamente, con las medidas de confinamiento esta carga no hizo más que crecer.

“Nos hemos convertido en docentes, estudiantes, madres, distintos roles en el hogar, donde hoy ocurre todo. Ha aumentado la carga de responsabilidades; las mujeres se han vuelto resilientes: si perdieron el trabajo, iniciaron emprendimientos. Se han podido reinventar a nivel laboral, familiar y personal”, detalla la investigadora.

Pero esta situación trae consigo una carga emocional, psicosocial, un agotamiento mental.

Otro elemento que no se puede dejar de mencionar es el de las exigencias del teletrabajo, que “tiene hora de inicio, pero no de finalización”.

Por otra parte, para las mujeres que sufren la violencia de género, el hogar se convirtió en el lugar más peligroso.

“Se recibieron 5,226 denuncias en 2019 y para abril de 2020 4,710 denuncias. ¿Disminuyó?, no”, reconoce Torres. Muchas mujeres no denuncian por miedo. Hubiese sido muy difícil hacer una llamada telefónica frente a su agresor. Y por otra parte, aumentaron los delitos sexuales y femicidios. En 2020 la cifra de femicidios se elevó un 37%, con relación a 2019.

Para Torres “es importante crear políticas que abarquen a todas las poblaciones”, para así evitar que siga creciendo la desigualdad de género. “No se puede invisibilizar sectores de la población, y este es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, sostiene. Con esta pandemia debemos aprender esta lección.

Por parte del Cieps, la doctora Nelva Araúz Reyes compartió algunos resultados preliminares de un estudio que junto a tres investigadoras de la London School of Economics sobre el impacto de las medidas de circulación por sexo y cédula, y del confinamiento en general en la vida de las mujeres.

Para la investigación se aplicó una entrevista a 48 líderes de organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, de colectivos LGBTI, funcionarios de instituciones públicas y líderes sindicales, además de una investigación de escritorio que incluyó informes de estadísticas ya existentes y algunos nuevos que fueron surgiendo, así como la legislación emitida.

Sobre la medida de circulación por sexo y cédula, cuya intención era reducir la circulación de personas en la calle y facilitar el trabajo de la policía, los consultados establecieron que no tomó en cuenta diversos aspectos que ocasionaron efectos socioeconómicos en las mujeres.

“Esta medida profundizó la inequidad de género y que al adoptarla las autoridades no consideraron las realidades de las mujeres y los roles que la sociedad les ha impuesto históricamente”, expuso Araúz Reyes.

El tiempo resultó limitado para el desarrollo de las actividades tanto remuneradas como no remuneradas y no permitía satisfacer sus necesidades básicas y de sus familares. “Esto generó situaciones de profundo estrés e incluso de detenciones y la explicación recurrente al momento de la salida a las autoridades de la policía”, cuenta la investigadora.

Las largas distancias y el poco acceso al transporte no hicieron más que complicar el cuadro.

La medida representó un riesgo sobre todo, al personal de salud, 76% mujeres, que en día de circulación de hombres debió permanecer por horas a la espera de un transporte público. Muchas fueron víctimas de acoso callejero, y de padecer miedo e inseguridad.

En otro aspecto, el trabajo no remunerado, realizado en un 70% por las mujeres y muchas veces sin ningún apoyo, se vio incrementado

“La casa se convirtió, según el estudio, en el lugar donde todo ocurría para todos sus integrantes bajo la acción y el cuidado principal de las mujeres: se aumentó el lavado de la ropa, los golpes de comida, la limpieza, el cuidado de todos, y se sumó además el acompañamiento escolar de niños y adolescentes”, destacó Araúz Reyes.

Participantes del estudio coincidieron que en Panamá el trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, pero que esta realidad no fue reconocida por el Estado en las políticas públicas adoptadas en respuesta al SARS-CoV-2, calificándolo como invisible y una forma de explotación.

“El Estado en general tiene una deuda con las mujeres porque han sido estas las que han podido garantizarles a sus hijos y familiares que dependen de ella, la sostenibilidad y la vida, y más en este tiempo de pandemia”, afirma Reyes.

En cuanto al trabajo remunerado, al aplicarse la medida de suspensión de contratos, esta causó efectos en toda la población residente en Panamá, pero las condiciones de desigualdad de género preexistentes afectaron a las mujeres de forma distinta. Las mujeres en mayoría trabajan en los sectores más afectados y que resultaron los últimos bloques en ser reabiertos.

Según datos del Ministerio de Trabajo, al 31 de diciembre de 2020 se suspendieron 282,292 contratos de trabajo en el país. 43% fue de mujeres y 57% de hombres. El sector que más afectaciones tuvo de suspensión fue el terciario que incluye, salvo el sector salud, las principales actividades económicas en las que participan las mujeres. El Ministerio de Trabajo reportó que en ese sector se suspendió al 75% de los trabajadores.

“A la misma fecha se habían reactivado 110,616 contratos de trabajo, de los cuales el 38% era de mujeres y el 62% de hombres. Del total de los contratos reactivados solo el 38% respondió al sector terciario que está ocupado en su mayoría por las mujeres”, explica Araúz Reyes.

Consultados en el estudio también establecieron que el trabajo ha tenido como denominador común el exceso, tanto en forma presencial como en teletrabajo. Si no, pregunten al personal de salud que en algunos caso ha debido hacer turnos de 24 horas, sin contar con la debida protección e insumos.

Y en el caso del trabajo doméstico, realizado en un 91% por mujeres, la flexibilidad de los contratos de trabajo dejó en la desprotección a miles de ellas, mientras que las que permanecieron en su puesto, debieron doblar esfuerzos con la misma paga, y muchas veces, confinadas.

De acuerdo con el Informe especial covid-19 N°9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad  dado a conocer el mes de febrero por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la crisis generada por la pandemia del SARS-CoV-2 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral.

Según el documento, la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente). Se calcula, además, que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

La caída del producto interno bruto (PIB) regional (-7,7% en 2020) y el impacto de la crisis en el empleo están afectando negativamente los ingresos de los hogares y se estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

El panorama de las empleadas en el sector salud, con 73,2% de mujeres es idéntico al local, incluyendo el hecho de que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector.

Por otra parte, el estudio remarca que el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis.

“América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria”, afirmó Alicia Bárcena, máxima autoridad de la Cepal en un comunicado del organismo.

Según el documento, un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia.

El cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída del comercio internacional y la paralización de la actividad productiva interna han impactado en las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio, turismo y manufactura. Por ejemplo, el sector del turismo, en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, sufrió una contracción importante, que afectó principalmente a los países del Caribe, donde una de cada 10 mujeres ocupadas se concentra en este sector.

“Resulta fundamental avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”, alertó Bárcena.

“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

El panorama laboral para las mujeres no es muy alentador