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Actualizado
- 31/10/2021 00:00
Creado
- 31/10/2021 00:00
La Defensoría del Pueblo abrió una investigación de oficio tras la intervención de las autoridades y la Policía Nacional. Niños y mujeres indígenas fueron gaseados y golpeados con balas de goma
Los hechos de represión contra indígenas ngäbe, incluyendo niños con impactos de balas de goma lanzadas por la Policía Nacional durante un desalojo ocurrido la tarde de este viernes en Barro Blanco, han generado indignación y la apertura de una investigación por la Defensoría del Pueblo.
En fotografías y videos, que inicialmente circularon en redes sociales y luego corroboradas por los dirigentes de la comunidad, se aprecia a niños, mujeres ngäbes en suelo afectados por el gas pimienta, además de menores y mujeres con heridas de balas de goma, siendo ambos pertrechos antidisturbios utilizados por la fuerza pública durante el desalojo.
La intervención dejó más de una decena de heridos indígenas y al menos 5 detenidos. Igual cinco policías resultaron afectados, informó la PN.
El Congreso General de Gunayala expresó su rechazo y calificó el hecho como un acto de “barbarie y “negación” de los derechos humanos a las comunidades indígenas.
“Nuestros hermanos Ngäbe-Buglé, que fueron desalojados de manera violenta, disparando inclusive contra niños y niñas e hiriendo a familias enteras, solo por el hecho de proteger intereses de empresas”, expresó el Congreso en comunicado. Igualmente exigieron al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien se encuentra participando en la Cumbre Climática COP23 en Glasgow (Escocia), frenar la intervención de la fuerza pública en la zona.
“Ahora en Glasgow el presidente Cortizo pretende hablar sobre Cambio Climático en medio de la represión y violencia contra hermanos Ngäbe-Buglé, debería darle vergüenza cuando se dirija al foro mundial, sabiendo que, la gran parte de la República donde se conserva la biodiversidad es gracias a los pueblos indígenas”, expresó el Congreso.
En los mismos términos se pronunció la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), cuyo presidente Marcelo Guerra igual repudió lo ocurrido. Tachó la intervención de las autoridades como “crueles” y “viles”.
La Defensoría del Pueblo informó este sábado que abrió una investigación de oficio para determinar posibles vulneraciones a los derechos humanos.
Según versiones de las autoridades y la fuerza pública, el hecho se dio en momentos que las unidades del control de multitudes ejecutaban una orden de desalojo de un “terreno privado”.
Por su parte, los dirigentes de la comunidad afirman que tiene varios años de vivir allí. Denuncian además que dicho terreno es “servidumbre pública” y que varias de las familias expulsadas perdieron sus tierras tras la inundación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, concesionado a la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), de capital hondureño.
Durante la última década la región de Barro Blanco ha sido escenario de conflictos entre el Estado y la empresa frente a las comunidades indígenas por la construcción de la hidroeléctrica sobre el Río Tabasará. Los grupos originarios reclaman que tras la concesión vieron afectadas sus tierras ancestrales, siendo inundados incluso cementerios, terrenos cultivables y sitios sagrados.
Al cierre de esta nota se conoció que las familias desalojadas, cuyas casas fueron desmanteladas, se mantienen en el área bajo una lona plástica a la intemperie.
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