Corte da visto bueno a proyecto sobre remate de bienes muebles e inmuebles

Sin mayor debate, y con una notable falta de participación del sector bancario, pasó este lunes a  primer debate en la Subcomisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 635, que "modifica y adiciona artículos al Código Judicial de la República de Panamá, relacionados con los remates de bienes muebles e inmuebles".

El anteproyecto, presentado por el diputado del Molirena Manolo Ruíz, tiene como finalidad garantizar la justicia y la honradez en los actos de remate de bienes inmuebles, promovidos por los bancos privados y estatales, cooperativas, entidades financieras, entidades autónomas o semiautónomas, y demás entidades públicas del Estado a quien la ley atribuye el ejercicio de cobro coactivo.

"Si el banco le presta a usted $30,000 y en el camino usted le debe $10,000, y nada más, y por alguna razón usted pierde su trabajo y no puede pagarle, el banco le remata (el bien) y al rematarle, ahorita mismo no le regresan nada", explicó el diputado Ruiz. Y añadió: "Con esta propuesta de ley, al rematar, ellos (los bancos) ponen un perito, el dueño del bien pone otro perito y se vende el bien. Si era $10,000 que le debía (al banco) y (este) la vende a $50,000, al ciudadano le va a tocar los otros $40,000".

Según Ruiz, esta iniciativa vino a hacerle tanto justicia social como económica a todos. "Yo creo que estamos haciendo justicia y eso es lo primordial", acotó.

Se pronunció al respecto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, quien dio su visto bueno al Proyecto de Ley No. 635, ya que tiene como finalidad procurar que la satisfacción de la pretensión del acreedor se logre resguardando los derechos del deudor.

La posición de López Arias quedó registrada en una misiva dirigida a la diputada Corina Cano, presidente de la Subcomisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en respuesta a una nota enviada por Cano el 7 de febrero de 2022.

Aunque la magistrada presidenta de la Corte resaltó que su opinión institucional no refleja necesariamente el criterio de las instancias jurisdiccionales que integran ese Órgano del Estado, considera que la propuesta introduce mayor equidad procesal, pues las entidades bancarias, financieras acreedores, en general, podrán recuperar con la venta forzosa el saldo adeudado. Además, indica López Arias, le resulta justa para los deudores, quienes podrán recibir la diferencia resultante en caso de existir.

Señaló, asimismo, que el Artículo 7 del menciona proyecto de ley establece que la venta se hará en primer lugar cuando la postura cubra por lo menos la totalidad de la base del remate que es el precio comercial o de mercado, y en el evento que no concurra quien haga posturas por la totalidad, será postura hábil la que se haga por dos tercios de la base del remate y en el caso de que estos dos no ocurran, se admitirán posturas por la mitad de la base del remate.

"Este sistema protege a los acreedores, en el sentido que, al bajar escalonadamente las posturas admisibles, se facilita la venta forzada del bien, para la recuperación del saldo adeudado", sostiene la magistrada presidente de la Corte.

La Asociación Bancaria de Panamá, ABP, remitió su opinión a la presidenta de la subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales

La modificación de las normas de procedimiento sobre el remate judicial que propone el proyecto de la referencia añadirá a la pesada carga, pues contiene exigencias que aumentarán el costo directo de los procesos judiciales, así como una mayor ralentización de dichos procesos, que ya de por sí, como hemos anotado, son extremadamente dilatados.

Una mayor carga de costo proveniente de la exigencia de peritos adicionales, la imposibilidad de realizar posturas que reflejen la realidad del mercado, así como de tiempo causada por mayor incertidumbre en los procesos de cobro de garantías previsiblemente aumentará el riesgo de recobro de préstamos y el costo de administrar dichos cobros, los que se traducirá en créditos más costosos y en una disminución de la oferta de créditos a los sectores de mayor riesgo.

En estos momentos en que el país da sus primeros pasos hacia la recuperación económica, cuando se necesita el más amplio al crédito, este proyecto podría tener el impacto contrario, inhibiendo la participación de los acreedores bancarios y de todo tipo, en satisfacer la gran demanda de crédito que necesitan las empresas y familias, para salir adelante, recuperar el empleo y volver a la senda de crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, ABP expresa su posición contraria a este proyecto de ley, no sin antes ofrecer las aclaraciones y explicaciones detalladas que los honorables diputados requieren , en ampliación o sustentación.