Gobierno propuso a Minera Panamá regalías entre el 12% y 16%

Las conversaciones entre la empresa minera First Quantum y el Gobierno nacional permanecen en un impasse, luego de que la administración de Laurentino Cortizo no consiguiera plasmar por escrito los acuerdos alcanzados en enero pasado, tras una larga etapa de negociaciones.

El escollo radica en dos temas: el económico fiscal  y el legal.

El primero es uno de los temas más álgidos que se discutieron en la mesa de conversación bajo la creación de una subcomisión técnica de alto nivel para alcanzar un trato ganar-ganar.  En la entrevista de “El Polígrafo” que se publicará este domingo, Daniel Esquivel, asesor del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), describió a grandes rasgos la fórmula que supuestamente habían alcanzado las partes en enero pasado en cuanto al pago de regalías e impuestos que debía pagar la empresa el Estado.

Es un esquema híbrido que  podía funcionar con un piso mínimo de ingresos para el Estado o un porcentaje de regalías entre un 12% y 16%.

El esquema actual, que se consensuó con la minera después de siete reuniones difíciles y de mucho detalle técnico, fue que ya no se aplicaban las exenciones fiscales que contenía el contrato de 1997.  En este sentido, la minera estaba obligada a pagar el 25% del impuesto sobre la renta como lo hacen todas las empresas en Panamá, y que las regalías que establece el Código Minero, que es un porcentaje fijo actualmente de 5% para cobre y 4% para oro (cuando se firmó el contrato el código establecía 2% para cobre) serían un porcentaje móvil.

El Gobierno está interesado en cambiar el porcentaje de las regalías de un 5% a un 12% o 16%, puesto que cuando el precio del cobre se cotiza mejor en el mercado internacional, el Estado puede obtener un beneficio de la extracción de sus recursos minerales y no estancarse en una cifra fija.

Una de las propuestas para aplicar las regalías se establece sobre el beneficio operativo. “Esto significa un porcentaje móvil de la ganancia bruta que tenga la empresa, que se estableció entre un 12% y un 16%”, explicó Esquivel.

Es un método conocido en la industria minera para aplicar regalías, denominado tasa impositiva efectiva media, en inglés 'Time' que se aplica en Chile y Perú.

En palabras llanas es un porcentaje sobre las ventas, menos los costos operacionales y a veces hasta la depreciación. Esta fórmula puede ser híbrida, es decir, que incorpora un mínimo específico para evitar el riesgo de que el Gobierno no pueda recabar ingresos en algún momento cuando no hay ganancias. El piso, como es de conocimiento público, fue de $375 millones, cifra anunciada por la Administración Cortizo en enero de 2022.

Este monto mínimo se estableció en caso de que el precio del cobre disminuyera por debajo de $2,75 la libra.

“Ellos aceptaron eso”, adelantó Esquivel. Sin embargo, durante el plazo que se había estipulado para redactar lo acordado, la empresa efectuó una contrapropuesta que alteró el pacto inicial y “el Estado no va a permitir eso”, zanjó Esquivel.

El segundo punto de controversia es el aspecto legal sobre la vigencia o no del contrato de la minera.

En un reciente comunicado la empresa aseguró que su contrato sigue vigente y rige hasta 2037, fecha en que se termina la concesión. No obstante, el Gobierno se apegó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró inconstitucional en 2017.

Este fue el hito que motivó al Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, a sentarse a negociar con la empresa para redactar un nuevo contrato. Todo empezó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato que otorgó la concesión por 20 años para la extracción de cobre y otros recursos a la empresa Minera Petaquilla, S.A., después adquirida por First Quantum Minerals, que opera la mina actualmente.

La CSJ, no obstante, tardó 10 años en fallar el recurso bajo la ponencia del magistrado Jerónimo Mejía. Fue en diciembre de 2017 cuando cinco de nueve magistrados decidieron que el contrato era inconstitucional por no representar los mejores intereses para el país y condenó el rol de la Asamblea Nacional que debía velar por el interés público y social.

Sin embargo, el fallo quedó dando vueltas en la CSJ hasta diciembre de 2021, cuando finalmente se hizo público en Gaceta Oficial.

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El Ministerio de Comercio e Industrias le dio un plazo de 10 días a la empresa Minera Panamá para presentar un plan para la “preservación y gestión segura” (cuido y mantenimiento) de la mina como consecuencia del cierre de las actividades.

La medida está contemplada en la Resolución No. 2022 -234 del 19 de diciembre de 2022, publicada en Gaceta Oficial ayer mismo.

“La resolución emitida es consecuencia del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia y siguiendo el mandato de la Resolución de Gabinete No.144 de 15 de diciembre de 2022”, explicó el MICI en un comunicado. Una vez presentado dicho plan, debe ser aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias, agrega el comunicado.

En la Resolución, el MICI recuerda que la empresa se había comprometido a suscribir un nuevo contrato de concesión y que luego de cuatro meses de negociaciones Minera Panamá “no ha accedido” a firmar un acuerdo. Además de que en enero pasado, la empresa se comprometió a garantizar al Estado un ingreso anual mínimo de $375 millones.

Agrega también que como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia la operación de Minera Panamá “no está amparado por un contrato de concesión”