El retorno del caso CEMIS

PANAMÁ. En la historia patria han habido escándalos que salpicaron la política panameña. En la época del 70, el puente que nunca se construyó el puente Van Dam; las casas de la Caja de Seguro Social y qué decir de la Corporación Financiera Nacional (COFINA) del que aún estamos pagando las consecuencias.

Estos y otros muchos escándalos más que se pueden enumerar resonaron en la sociedad panameña el siglo pasado.

A principio del siglo veintiuno el CEMIS se llevó la corona como el escándalo de corrupción que sacudió el país.

Por presiones de la sociedad civil el pasado miércoles 22 de julio la Corte Suprema de Justicia ordena reabrir el caso CEMIS.

La investigación por el delito de corrupción de servidores públicos que se dio tras la aprobación del proyecto denominado Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), donde se denunció la compra de votos fue cerrada el 17 de septiembre de 2003, porque la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia del magistrado suplente Jacinto Cárdenas y el apoyo de los magistrados José Troyano, Virgilio Trujillo, Roberto González, Aníbal Salas y César Pereira Burgos (q.e.p.d.), -aduciendo una serie de irregularidades cometidas con el levantamiento del fuero legislativo- declaró nulo el proceso y ordenó el archivo del mismo.

La cuestionada decisión de la Corte que tuvo el salvamento de voto de los magistrados Arturo Hoyos, Adán Arnulfo Arjona y Rogelio Fábrega Zarak, siguió los pasos a una cuestionada investigación hecha por el entonces procurador José Antonio Sossa, quien no solo fusionó dos casos y solo involucró a cuatro personas: Carlos Afú, Mateo Castillero, Martín Rodín y Stephen Jones. Sossa dejó por fuera a otra cantidad de involucrados en el caso de acuerdo con la confesión de Afú.

El 29 de enero de 2001, se aprueba en la Asamblea Legislativa el contrato Ley entre el Estado y el consorcio San Lorenzo para la creación del CEMIS.

El 9 de enero de 2002, se ratifican a dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.

El 16 de enero de 2002, todo el país fue testigo de una denuncia de corrupción en la Asamblea Legislativa. Ese día el diputado Carlos "Tito" Afú denunció -en una rueda de prensa- con fajos de dinero en mano, la compra de votos para la aprobación del CEMIS. Admitió públicamente haber recibido 6 mil dólares en efectivo al igual que sus otros 33 compañeros legisladores del PRD, para la aprobación del CEMIS de un total de 20 mil dólares.

Afú hace su confesión y denuncia tras ser acorralado porque supuestamente recibió una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de su voto para ratificar a los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora (del que Jacinto Cárdenas es suplente).

El 17 de enero de 2002 se inicia la investigación.

Tras el fallo de la Corte con la ponencia del magistrado suplente Jacinto Cárdenas en el que se declara la nulidad del proceso y se ordena su archivo, la procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo solicitó a la misma Corte reconsiderar su decisión.

Cárdenas nuevamente como ponente rechazó por improcedente la petición.

La actual procuradora Ana Matilde Gómez solicitó a la Corte la reapertura del caso y la petición se mantuvo en ascuas por varios meses.

Hubo varios proyectos de fallo del propio magistrado suplente Cárdenas rechazando la nueva petición.

El pasado miércoles, en un pleno extraordinario de la Corte, se decide la reapertura del caso y volvió el CEMIS a acaparar la atención pública panameña.