El laberinto de las donaciones privadas

PANAMÁ. Saber exactamente el origen de las donaciones privadas que reciben los partidos políticos siempre ha sido un misterio.

Es precisamente ese velo de misterio el que se convierte en la coartada perfecta para que los dineros provenientes del crimen organizado se filtren en las campañas electorales.

En países como México, donde operan varios de los carteles más grandes de drogas, el financiamiento privado para los candidatos está estrictamente regulado, con un tope para este tipo de donaciones.

Las autoridades realizan esfuerzos para evitar que estos dineros ilícitos patrocinen a candidatos a legisladores, senadores, gobernadores y alcaldes. La mayor preocupación es que las redes del narcotráfico penetren las esferas de poder del Estado mexicano.

En Panamá no existe un monto definido para el financiamiento privado a las campañas electorales.

La última elección dejó un sabor amargo luego que David Murcia Guzmán, empresario colombiano condenado por delitos de lavado de dinero y narcotráfico, puso el dedo en la llaga cuando declaró haber donado 6 millones de dólares a dos candidatos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Estas aseveraciones de Murcia causaron un daño irreparable en la campaña de Roberto “Bobby” Velásquez, candidato a la Alcaldía de Panamá por el PRD y favorito en las encuestas.

Velásquez perdió la Alcaldía y fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público. Al final las autoridades dieron un sobreseimiento al caso y se cerró.

Pero un nuevo escándalo vuelve a traer el tema a colación Las recientes denuncias que hizo pública la ex candidata presidencial del PRD, Balbina Herrera contra el ex presidente Martín Torrijos y el ex ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, a quienes acusó de haber donado 4.5 millones de dólares de fondos de su campaña, para apoyar al candidato del partido Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, hoy presidente de la República.

La denuncia de Herrera fue negada por el propio Martinelli. Torrijos y Ubaldino prefirieron callar, sin embargo, estas acusaciones ponen de manifiesto las debilidades que presenta el sistema electoral panameño respecto al tema del financiamiento privado de los partidos políticos.

Desde 1990 han habido cuatro reformas al Código Electoral, pero cada vez que se ha tocado el tema de regular el financiamiento privado y divulgar los nombres de los donantes, las discusiones han sido aplazadas por los propios diputados de la Asamblea Nacional.

Las propuestas presentadas fueron aprobadas parcialmente por los diputados, quedando varios temas pendientes. Uno de ellos: las donaciones privadas.

Según Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, las donaciones privadas no tienen justificación, ya que a su juicio promueven que en lugar de tener una campaña electoral, se libre una campaña publicitaria electoral masiva y sin control donde el candidato se promueva como un producto comercial y no con ideas concretas. “Los candidatos deben presentar propuestas, no exponerse como si vendieran un aceite de carro”, explicó Márquez Amado.

El tema de las donaciones privadas actualmente está siendo discutido, junto a otro items en la Comisión de Reformas Electorales desde el mes de enero.

En el tintero se discuten puntos importantes como el tiempo de las campañas, un tope para los gastos y por supuesto el financiamiento público y privado de los partidos políticos.

Milton Henríquez, presidente del Partido Popular, propone eliminar las donaciones privadas y que las campañas seas sufragadas por el Estado de forma equitativa para todos los partidos políticos. “Las campañas políticas deben ser competencia de ideas y no de chequeras”.

Henríquez sostiene la necesidad de liberar a la democracia panameña de la dependencia en la recaudación de fondos para poder participar en política.

Propone entonces que las campañas sean más baratas, más cortas; en un período electoral de cuatro meses incluyendo el tiempo de primarias y dos meses de preparación; además que existan solo tres meses para la publicidad electoral. “Si llegamos a tener una repartición equitativa de dineros entre partidos políticos y candidatos, de espacios públicitarios y de recursos, entonces tendremos un sistema netamente democrático y participativo”, sentencio el dirigente político.

Gerardo Solís, magistrado del Tribunal Electoral, dijo en una entrevista con La Estrella que en relación al financiamiento de los partidos políticos, debe empujarse el tema de la transparencia fortaleciendo la participación ciudadana en la rendición de cuentas de los partidos.

El 15 de enero pasado se instaló la Comisión de Reformas Electorales, integrada por las autoridades del Tribunal Electoral, los partidos políticos y la sociedad civil, donde cada uno ha presentado propuestas con miras a corregir errores y realizar mejoras a la legislación electoral.

Los puntos centrales de la discusión son el tope de los gastos, el tiempo de campaña electoral, las elecciones internas de los partidos políticos, el financiamiento público y privado, entre otros.