La polémica detrás de los indultos

PANAMÁ. Cuando en 2004 la presidenta Mireya Moscoso otorgó 183 indultos, se desató una polémica, no solo porque entre los indultados se encontraba Luis Posada Carriles, encausado por supuestamente perpetrar un atentando contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, en Panamá. Los cuestionamientos también surgieron porque entre los indultados habían personas procesadas por delitos penales.

Cuatro años después, la máxima autoridad de justicia en Panamá, la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucionales los indultos y dejó sin sustento legal toda gestión procesal o jurídica que haya resultado de estos actos. Todos los procesos regresaron a su estado original.

Ahora la historia parece repetirse con los indultos concedidos el pasado 11 de mayo por el presidente de la República, Ricardo Martinellli, a 47 agentes de la Policía Nacional, algunos de ellos implicados en casos de homicidio.

Faltando días para cumplir un año de gobierno, Martinelli sorprendió al país indultando a los policías, dos condenados en 2008 a 3 años y 5 meses de cárcel por la comisión de los delitos de lesiones personales con resultado de muerte.

En el paquete de “perdones presidenciales” se beneficiaron los 5 agentes investigados por la Fiscalía Tercera Superior por la muerte de dos pescadores de Playa Leona, La Chorrera, Rigoberto y Dagoberto Pérez, supuestamente muertos a manos de los agentes en su embarcación frente a las costas de Panamá Viejo el 20 de mayo de 2009.

La abogada Rosibel Vergara, representante legal de la familia de los pescadores Pérez, dijo que los indultos son una injusticia que va contra las normas. “Lo más lamentable es que va contra las normas”, explicó.

Vergara sostuvo que la Fiscalía Tercera Superior no puede archivar el expediente con un sindicado procesado.

Aclaró que se trata de 5 policías que tenían abogados de Asesoría Legal de la Policía Nacional, pero a un agente, por tener un abogado particular, no lo indultaron.

Los familiares de Clarisa Urriola, también fallecida en un confuso incidente con policías el 29 de septiembre del año pasado, esperaban el desenvolvimiento del proceso que estaba en su etapa de elaboración de la vista fiscal para ser enviada al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En ambos casos, los principales investigados son policías que se encontraban a órdenes de la Fiscalía bajo detención preventiva.

Pero el abogado Juan De Dios Hernández demandó ante la Corte Suprema de Justicia el decreto de Martinelli alegando que es “violatorio” de varios artículos de la Constitución Política, que solo habla de indultar por casos políticos y no por delitos comunes.

“Hay una clara violación a nuestra Constitución, porque los beneficiados con dicha medida estaban siendo procesados penalmente por la justicia ordinaria y otros estaban en la etapa sumarial de la investigación a cargo del Ministerio Público”, señala la demanda.

Grupos de la sociedad civil se han unido a las voces en contra del decreto Ejecutivo. La Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo un llamado a las autoridades de los Órganos Ejecutivo y Judicial para que anulen el Decreto Ejecutivo de los indultos.

Mediante un comunicado, criticaron los argumentos del Ejecutivo y calificaron lo actuado como un irrespeto a la Constitución. “El presidente no puede ordenar la culminación de un proceso penal (...). Con este decreto, el presidente de la República está usurpando funciones públicas”, agrega.

Con ellos coincide el ex magistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, quien sostiene que el delito común no puede ser indultado, ya que el indulto cabe a personas que ya han sido condenadas y no a personas que no están siendo procesadas, o que no han sido declaradas culpables. “Yo creo que se debe dictar una ley que desarrolle de manera clara cómo pueden los presidentes hacer los indultos y las rebajas de penas”.

Indicó que el indulto, la libertad condicional y la rebaja de pena están establecidos en el Código Penal, pero “pareciera que debe haber una regulación aún más detallada para evitar que se siga abusando de los indultos”.

Mientras, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal indicó que el decreto tiene que ser derogado lo antes posible. “El presidente no puede dar indultos en delitos comunes, no puede, está violando la Constitución que juró cumplir”, expuso.