Lo que la Ley 30 dejó a su paso

PANAMÁ. Empezó como un inocente camarón legislativo, de esos que siempre hay en la Asamblea Nacional, pero nadie nunca imaginó que reformar tres códigos y seis leyes en un simple proyecto para regular la aviación se convertiría en la prueba de fuego del gobierno panameño.

La euforia que provocaba la final del Mundial de fútbol fue el cómplice perfecto para que los ‘padres de la patria’ aprobaran, sin consultas, la polémica Ley 30. El gobierno no se percató de que en un solo paquete quería cambiar las reglas en tres temas sensibles a nivel mundial: trabajo, ambiente y derechos humanos. Las molestias no se hicieron esperar, pero el detonante se dio en una región olvidada por varios gobiernos: Bocas del Toro.

Los problemas económicos de la provincia se sumaron al malestar de los trabajadores que buscaban defender su derecho a sindicalizarse, y las acciones de la empresa Bocas Fruit Company colmaron la paciencia de una población que se cansó de esperar y decidió pelear por sus derechos. Los resultados son por todos conocidos. Dos muertos y cientos de heridos, entre ellos, dos personas que perdieron la vista. Lo que pasó en Bocas sería apenas la punta del iceberg.

En Bocas, el pueblo triunfó, las autoridades del gobierno recularon y aceptaron revisar la polémica Ley 30. Tres meses de conversaciones de la comisión del diálogo —integrada por sindicalistas, ambientalistas, indígenas, empresarios y el gobierno— lograron subrogar la Ley 30 y dividirla en cuatro leyes. Ponerse de acuerdo no fue fácil. Nadie quería ceder, pero al final hubo humo blanco.

El cuento no terminaría allí. Los ojos del mundo se posaron sobre Panamá. Organizaciones de Derechos Humanos se pronunciaron condenando la forma como los agentes de la Policía Nacional reprimieron a los manifestantes. El uso de perdigones por parte de la Fuerza Pública y de gases lacrimógenos de una forma desmedida fueron criticados. El Estado panameño fue sentado en el banquillo de los acusados. Primero, la comisión designada para investigar cómo se dieron los hechos en Bocas del Toro responsabilizó al gobierno por la forma cómo se aprobó la legislación, lo que provocó los enfrentamientos. Aunado a ellos, en Ginebra —en el examen periódico universal de los Derechos Humanos que hace la Organización de las Naciones Unidas— Francia, Canadá, Alemania y Noruega expresaron su preocupación por lo sucedido en Bocas del Toro, exigieron explicaciones y que los responsables de esta violación fuesen conducidos a los tribunales.

PARA LA HISTORIA

Según José Isabel Blandón, analista político, el efecto de esta ley podría compararse fácilmente con la invasión norteamericana. ‘Bocas fue un llamado a la conciencia de que cuando la democracia está en peligro debemos defenderla’, aseveró.

Blandón asegura que la Ley 30 dejó claro que en Panamá la sociedad ha evolucionado y exige mayores niveles de consenso en la toma de decisiones en temas sensibles, por ello, apunta que lo que pasó debe darnos una mayor madurez a todos, más aún a los gobiernos, entendiendo que hay que erradicar esa cultura del juega vivo, pensando que eventos importantes servirán para ocultar lo que se pretende hacer.

Roberto Troncoso, presidente de la Comisión investigadora sobre los sucesos en Bocas del Toro, opina igual. Bocas demostró que los ciudadanos están madurando y reconociendo señales que antes no conocían. ‘Irrita mucho a la población, cuando un gobierno en particular intenta y a veces logra violentar los procedimientos para elaborar una ley, involucrando otros temas que no tienen que ver con el objetivo principal de esa legislación’, dijo.

El abogado hace un llamado a la madurez de quienes gobiernan, también a que tengan una visión clara de hacia dónde quieren llevar la nave del Estado y que deben prestar mayor atención a una región tan olvidada como Bocas del Toro, en donde los gobiernos siguen haciéndose los ciegos ante las carencias de esa provincia. Troncoso propone una ley de reparación para las víctimas y sus familiares, pues desde su punto de vista no es un asunto de dar un celular o decir lo siento. Son personas que perdieron a quien les daba el sustento diario y que ya no podrán llevar el pan a su casa como antes.

UNA ENSEÑANZA

Para José Muñoz, el episodio vivido con la Ley 30 significa una enseñanza. ‘No era una mala ley, pero nos enseñó que debemos darle más cobertura a los temas y ampliar el debate’, asegura.

Muchos están convencidos de que la lección de que se obtienen mejores resultados, si las propuestas son consensuadas, no es sólo para el gobierno, sino para todos los sectores: empresarios, obreros, indígenas, docentes.

El diputado opositor Yassir Purcait, en cambio, atribuye lo sucedido a la falta de una Asamblea independiente. Purcait apuesta a un replanteamiento de los órganos Legislativo y Judicial para evitar sucesos similares a los de esta región. ‘Bocas debería llevar a nuestros futuros gobernantes a estar dispuestos a desprenderse del poder y endosarlo al sistema; es decir, una real independencia de poderes’, indicó.