Los intereses tras Juan Hombrón

PANAMÁ. Su perfil es un horizonte idílico al océano Pacífico. Su lengua geográfica, el lugar perfecto para una marina exclusiva. Y su cercanía con el aeropuerto internacional de Río Hato, en construcción, un potenciador envidiable.

Se trata de la playa de Juan Hombrón, al sur de Coclé, que se ha convertido en el centro de una disputa política y económica entre grupos de poder alrededor del gobierno de Ricardo Martinelli.

Los exministros Jimmy Papadimitriu y Alberto Vallarino batallan en la Corte Suprema de Justicia por las costas coclesanas, contiguas a la Hacienda Santa Mónica, una finca que se ha hecho con un rol más importante del que tenía cuando estalló el escándalo de titulaciones gratuitas, en 2011.

Santa Mónica, heredada por Wilson Charles Lucom a los ‘niños pobres de Panamá’ está, desde octubre pasado, en manos del Grupo Verdeazul, del exministro Vallarino, que introdujo en junio a la Corte un reclamo de una parte de las tierras (no se especificó cuántas) de Juan Hombrón.

Lo hizo poco después de que, justamente la Corte, decidiera que los niños pobres a los que se refería Lucom no eran más que su esposa, Hilda Piza. El bien y los $50 millones de herencia quedaron a su nombre.

Santa Mónica alega que Juan Hombrón formaba parte de su dominio desde 1914, al referirse a su lindero sur como el Océano Pacífico. En ese entonces, delineó la compañía en sus argumentos a la Corte Suprema, la Constitución permitía el dominio privado sobre las playas.

Sus razones quedaron en perspectivas tras una demanda de inconstitucionalidad presentada por Trapp Real Estate Corp., vinculada a los padres de Papadimitriu, que reclaman que el decreto por el cual se expropió Juan Hombrón tiene fallas.

Los Papadimitriu están tras las sociedades a las que la Anati, a través de Anabelle Villamonte, tituló Juan Hombrón. Villamonte, precisamente, representaba las compañías antes de ir al gobierno.

EL ENREDO LEGAL

Pero, ¿quién es el dueño de Juan Hombrón? ¿Dónde terminará este litigio?

El gobierno de Martinelli asegura que las tierras quedarán tal cual: expropiadas. Su prueba es la decisión de construir una base aeronaval de $5 millones, que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino decidió el martes pasado por la mañana y fue aprobada en la tarde por el Gabinete.

Esa es la misma razón de la Autoridad Nacional de Tierras, cuyo administrador, Franklin Oduber ve por encima de las disputas entre Papadimitriu y Vallarino, el que el bien es del Estado.

Y esa tesis la han reforzado figuras como la exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien consideró la semana pasada que las tierras fueron consideradas por el Estado como inadjudicables, y por tanto no pueden ser entregadas a nadie.

Lo dijo tras los temores de abogados de que la Corte decidiera entregar las tierras de Juan Hombrón a Santa Mónica, en un caso que llegó a su conocimiento por la queja de inconstitucionalidad levantada por Trapp Real Estate Corp.

Pero el Gabinete, así como Santa Mónica, tiene un papel fundamentalísimo en el entuerto político y legal que se ha convertido el caso Juan Hombrón.

Papadimitriu denunció el lunes que Rómulo Roux, una de sus otroras figuras, le confesó que el borrador de las resoluciones de revocatoria de los títulos a las sociedades en las que participan sus padres fueron levantadas en Morgan & Morgan, el bufete de abogados para el cual él trabajaba, y que presentó el reclamo de Santa Mónica, argumento que la exviceministra de la Presidencia María Fábrega confirmó.

Roux consideró un día después de que las revelaciones de Papadimitriu carecían de certeza y validez, y denunció que tanto él como Fábrega lo citaron en Presidencia para reclamarle su apoyo a la decisión del gobierno de invalidar títulos y expropiar.

Estas disputas, según el jurista Ernesto Cedeño, merecen una aclaración que sólo, a su juicio, podría ofrecer el Ministerio Público.

‘Toda la declaración del prenombrado exministro de la presidencia, en el diario, debiera originar al menos, una investigación oficiosa, por parte del Ministerio Público, en sumarias en averiguación, para constatar si hubo o no, alguna irregularidad en el procedimiento del caso’, instó el abogado en un correo masivo.

‘No sería serio y justo hoy, el sacar conclusiones definitivas, con la sola declaración del prenombrado exministro’, agregó.

Vallarino tomó distancia de los planteamientos de Papadimitriu, al recordar que había salido antes del Gabinete de Martinelli y que, por tanto, no tenía influencias ahí.

Vallarino sostiene que Santa Mónica seguirá con los recursos legales que les devuelvan las tierras y los Papadimitriu las piden, mientras un grupo de empresarios se prepara para demostrar que no son de uno ni de otro.