Ángela Russo decidirá la admisión de nuevo caso contra Martinelli

La recién estrenada magistrada Ángela Russo deberá decidir la admisión o no de una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli, por las supuestas coimas durante su gobierno para la concesión del fallido proyecto de riego de Tonosí.

El expediente, que la Fiscalía Tercera Anticorrupción le remitió a la Corte Suprema, quedó en manos de Russo tras un sorteo judicial. Según la práctica, si lo admite, Russo quedaría como fiscal de la causa.

Martinelli quedó involucrado luego de que el exvicepresidente Felipe Virzi asegurase haber recibido una coima de $5.2 millones, que luego repartió entre figuras cercanas y sociedades en las que aparece el expresidente.

El dinero salió de un anticipo de $15 millones que entregó el Gobierno a la empresa Hidalgo & Hidalgo para que empezara las obras. Después se entregaron otros $22 millones.

‘Inmediatamente después empieza a darme instrucciones el presidente Ricardo Martinelli de cómo debo distribuir mi pago; yo me molesto por un lado, y le reclamé, pero si no seguía las instrucciones, podría afectar mis empresas y proyectos y hasta mis relaciones con él', aseguró Virzi en una indagatoria ante la fiscal Zuleyka Moore, quien pidió juicio para otras 33 personas.

Según las pesquisas, $500 mil fueron a dar a una cuenta de la empresa Desarrollo Los Andes, en la que el propio Martinelli figura como dignatario.

De ser admitida, sería el cuarto proceso contra Martinelli en la Corte Suprema de Justicia.

Antes, se adelanta uno por los pinchazos telefónicos ilegales durante su gestión (por el cual le han declarado como reo rebelde y la Corte Suprema todavía no decide si ordena su arresto internacional), así como otro por su rol en el entramado mediante el cual la cuenta High Spirit se hizo con acciones de la mina Petaquilla, tras decisiones favorables del Órgano Ejecutivo que él presidía.

La primera causa, por la compra de $44 millones en comida deshidratada, está por ser reactivada. La Corte anunció que el 27 de enero se celebrará una audiencia, luego de que el Pleno accediera a considerar como inconstitucional una norma que obliga a investigar a los diputados en apenas cuatro meses. El fiscal Oydén Ortega advirtió su ilegalidad.