Fifer enfrenta hoy dos audiencias de imputación en Coclé

Richard Fifer pretendía entrar a Panamá en un vuelo desde Lisboa con conexión en Bogotá, para ver a su primogénita casarse mañana. Pero la jugada se le descontroló: sin un pie todavía en el aeropuerto de El Dorado, la policía lo había identificado. Una vez partió de Portugal, los lusos advirtieron a los colombianos que estaba en vuelo el empresario, requerido por la Fiscalía Décimosexta de Circuito por un caso millonario de fraude.

Desde entonces, Fifer, expresidente de la minera Petaquilla, ha padecido el infortunio: ayer estuvo ocho horas en el edificio Avesa, notificándose en dos fiscalías de otro caso de fraude a la Caja del Seguro Social (CSS) por $7 millones.

Hoy, de hecho, tendrá que comparecer a dos audiencias preliminares en Coclé, en las que se le imputarán nuevos cargos y se decidirá su aprehensión o no, confirmaron tanto el Ministerio Público (MP) como su abogado, Carlos Augusto Herrera.

Fifer salió sobre las cuatro de la tarde de las fiscalías de la vía España, decaído, con un suéter negro, y cubriéndose con una bolsa amarilla sus sextagenarias manos esposadas. De la gloria de dirigir la minera que en bonanza exportó hasta $570 millones en oro y atrajo la mirada inversionista de un presidente de la República, acabó confinado a una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

EL DEBATE POR SU ENCIERRO

Gold Dragon, la empresa que lo acusó del fraude por el cual fue detenido, ha pedido al MP mantenerlo en detención en Panamá y no en Coclé, como presumen que pueda suceder hoy, dado que en esta provincia ‘no hay suficiente seguridad'.

‘Además, en Coclé está toda su gente de confianza', plantea Guillermo Cruz, presidente de la firma canadiense, al recordar que Fifer es oriundo de La Pintada. Con Mireya Moscoso al poder, incluso llegó a ser gobernador de Coclé.

Gold Dragon sostiene que Fifer la estafó al ofrecerle una serie de concesiones mineras en Petaquilla a cambio de poco más de un millón de dólares. El hasta hace poco fugitivo nunca cumplió. Minera Panamá, que negoció en 2014 con Petaquilla, terminó haciéndose de los terrenos.

En la extensa comparecencia de Fifer ante el Ministerio Público no se pisó la fiscalía que consiguió su extradición, corroboraron fuentes ligadas al proceso que temieron que el empresario pudiera quedar en libertad en el momento en que concluya la audiencia ante el juzgado de Coclé.

Las fuentes aplican la máxima de que ‘nadie que tenga casos de cuota obrero patronal queda detenido'.

En junio, la CSS pidió a la Procuraduría imponerle medidas cautelares al directivo de Petaquilla, por no haber pagado la cuota obrero patronal de 600 trabajadores.

Voceros del Ministerio Público dijeron, sin embargo, que aun en el caso de que en Coclé no se decidan medidas preventivas contra Fifer, su estatus oficial es de detenido, en virtud de la orden de la Fiscalía Décimosexta de Circuito.

‘En ese caso, debería ser trasladado de vuelta a la Dirección de Investigación Judicial', agregaron.

El empresario, dijo el MP, deberá esperar en la DIJ que el Juzgado Décimoquinto penal ordene la audiencia preliminar en la que se decidará si lo llama o no a juicio, por el fraude a Gold Dragon

Francisco Zappi, abogado de la firma canadiense, dijo ayer esperar que, con su extradición, Fifer explique la profundidad de sus vínculos con Martinelli, y los de éste con el negocio de Petaquilla.

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PERFIL

Fifer y el relato de un ocaso escandaloso

Richard Fifer se llevaba una cuarta parte de los beneficios que pagaba Petaquilla a sus colaboradores. Su salario, reportó la revista Forbes en 2013, alcanzó el millón de dólares.

Tras declararse insolvente, Petaquilla dejó de pagar los salarios caídos de 605 trabajadores, que totalizaban $3.5 millones, aseguró el Ministerio de Trabajo. Esa entidad dijo que liquidaría la compañía, cuyos activos superaban quince veces la deuda.

Antes de su ocaso empresarial, Fifer había incursionado en la política. Entre 1999 y 2002, laboró para el gobierno de Mireya Moscoso, como gobernador de Coclé. También fue asesor de la administración arnulfista en temas de seguridad nacional, embajador plenipotenciario en España (entre 2002 y 2003) y directivo de la estatal Codemin.