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15 de Dec de 2019

Política

Siete expedientes comprometen aún a José Ayú Prado

La Asamblea aún no decide si admite las denuncias pendientes contra el presidente de la Corte Suprema

El abogado Lee junto al secretario de la Asamblea el día de la denuncia.

Las noches de pesadilla para el magistrado José Ayú Prado aún no acaban. Aunque este miércoles, de un solo golpe, se libró de un juicio público con el archivo de ocho denuncias del juez Juan Antonio Ibarra, el presidente de la Corte Suprema de Justicia mantiene pendientes otros siete casos, de distintos querellantes, que no han sido analizadas.

Entre los delitos que se le achacan, abuso de autoridad, contra la administración pública, corrupción de servidores públicos, usurpación de funciones y otros actos violtarios a la Constitución y diversas leyes.

Para su suerte, el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el panameñista Jorge Iván Arrocha, no ha definido todavía una fecha cercana para ventilar la admisión o no de los procesos.

Los procesos entraron entre febrero de 2014 y marzo de este año, pero se han quedado ‘congelados'.

CASO 'LA TAQUILLA'

Entre los casos contra Ayú Prado está la querella penal, interpuesta por la abogada Celma Moncada, por la comisión del delito de abuso de autoridad al entrometerse en asuntos que corresponden al Ministerio Público.

La denuncia fue presentada el 25 de febrero de 2016 ante la Secretaría General de la Asamblea. En la Comisión de Credenciales es el expediente 217, que ingresó a su análisis el 1 de marzo.

El tema está vinculado con la presunta red de corrupción detectada en el Órgano Judicial denominada, que fue desmantelada en noviembre del año pasado, dando con la aprehensión de 10 funcionarios y particulares.

Según Moncada, Ayú Prado, en calidad de presidente de la Corte, envió una nota el 4 de febrero al fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, para ‘ordenarle' que no permitiera a ninguno de los investigados recurrir a tribunales superiores o juzgados, lo que coartaba el derecho a su defensa.

El punto es que como magistrado no puede ordenar al fiscal, porque son dos jurisdicciones separadas.

Moncada dijo a La Estrella de Panamá que en su denuncia sí están incorporadas las dos pruebas de las actuaciones de Ayú Prado y no hay manera de que sea archivada por los diputados. Adjuntó la carta de respuesta del fiscal al magistrado.

‘En el documento aparece la firma del magistrado con sello; él no va negar que es su firma', adujo la abogada.

CASO ‘HACKEO'

Dos años en manos de los diputados tiene ya la denuncia penal interpuesta por el sindicalista Mariano Mena, exsecretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá, quien acusó a Ayú Prado por los delitos de abuso de autoridad y contra la fe pública en perjuicio de la administración pública, tras haber ordenado la destrucción de documentos e información de direcciones electrónicas relacionadas con el expresidente Ricardo Martinelli y el exministro Demetrio Papadimitriu.

La denuncia fue presentada a finales de 2012. En la Comisión de Credenciales es el expediente 169, que ingresó el 19 de febrero de 2014.

El 23 de agosto de 2011, Ayú Prado, en su calidad de procurador general de la Nación, había enviado una solicitud a la Sala Penal de la Corte para que autorizara la destrucción de información que había sido clasificada como de ‘acceso restringido'.

La Sala Penal emitió el 7 de septiembre de 2011 una resolución rechazando de plano la solicitud.

Y aunque Ayú Prado se notificó de la decisión de esa instancia, dos días después, el 9 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, ese mismo día, emitió una providencia mediante la cual disponía de la destrucción del material.

Mena, en marzo del año pasado, pidió públicamente celeridad para atender la denuncia, pese a que dudó del trámite legislativo por el sistema de ‘encubrimiento' entre magistrados y diputados.

Sobre ese caso, la diputada Zulay Rodríguez entregó un informe el 27 de enero de este año en el que pide juicio público contra el presidente de la Corte, pero la Comisión no ha deliberado ese punto.

El dirigente afirmó ayer que presentaron todas las pruebas y sería ‘frustrante' que la Asamblea desestimara la denuncia.

‘Aportamos la documentación que lo demuestra... Ayú Prado destruyó las pruebas días después de haberse notificado', remarcó Mena.

CASO VIAJES

Otro caso compliado es la denuncia penal, presentada el 27 de enero de 2015, por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, contra Ayú Prado, sus colegas Luis Ramón Fábrega y Hernán De León, por delitos contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, referente a irregularidades en viajes y viáticos cobrados por los magistrados en una misma fecha en lugares diferentes.

En la Comisión de Credenciales es la denuncia 214, que ingresó al análisis el mismo día de su presentación.

El informe de la Secretaría de la Corte, adjuntado como prueba autenticada y notariada, destaca que Ayú Prado viajó a México del 17 al 19 de junio de 2015 y curiosamente estuvo en Costa Rica del 18 al 20 del mismo mes.

Según Carlos Lee, uno de los abogados denunciantes, adjuntaron cinco pruebas de los documentos oficiales. ‘Por lo menos no podrán desestimar la denuncia por falta de pruebas', estimó.

En las ocho denuncias del juez Ibarra, los diputados alegaron la inexistencia de ‘elementos de convicción' para sustentar los hechos.

El periodo de Ayú Prado inició el 2 de enero de 2013 y termina en diciembre de 2023.

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‘Se adjuntaron cinco pruebas, todas de informes de la propia Corte... no podrán desestimarla por falta de pruebas',

CARLOS LEE

ABOGADO DENUNCIANTE

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DETALLES DEL JUEZ

El exprocurador general pertenece a la Sala Segunda de lo Penal

  • 2023 es el año en que termina el periodo de Ayú Prado como magistrado de la Corte, designado por Ricardo Martinelli en 2012.
  • $79 mil 386 son los gastos de viajes del magistrado de 22 viajes que realizó entre 2014 y 2015.