Defensa de Martinelli reclama la anulación de proceso penal

La defensa de Ricardo Martinelli, expresidente de la República, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores anular todo lo actuado hasta ahora en el proceso de extradición que se le sigue por el supuesto delito de la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Sidney Sitton, uno de los defensores de Martinelli, acudió ayer a la Cancillería a notificarse del ‘affidavit' solicitado a la Corte Suprema de Justicia.

La defensa de Martinelli, en el escrito presentado ante la Cancillería, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores elevar una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta determine y ‘no quede duda que estamos en presencia de un proceso administrativo de extradición que debe regirse bajo los parámetros de la CIDH'.

La defensa del exmandatario busca determinar si la Cancillería ha cumplido con el debido proceso y resguardado las garantías de Martinelli en la solicitud de extradición.

‘La Cancillería no dio cumplimiento a realizar un acto de audiencia, mucho menos permitir practicar o aportar pruebas, sino que al resolver nuestras alegaciones no entró a motivar el fondo de los hechos cuestionados; es decir que privó a la defensa de un debido proceso administrativo', explicó Sitton en el documento entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En octubre de 2015, el fiscal Harry Díaz acusó a Martinelli de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad contemplados en los artículos 167 (interceptación de comunicaciones sin autorización judicial) y 168 (seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial), así como por peculado contra la administración pública contemplados en el Capítulo I, Título X del Código Penal.

Por lo anterior, solicitó al magistrado Jerónimo Mejía abrir juicio contra Martinelli.

Desde el 26 de mayo, la Cancillería tiene en su despacho la petición del magistrado Mejía, pero casi tres meses después solicita la declaración jurada elaborada por el fiscal de la causa, en este caso Harry Díaz.

La petición de la Cancillería después de tres meses es vista por los afectados como un proceso dilatorio.

‘En base a nuestra experiencia en la tramitación de solicitudes de este tipo con los Estados Unidos, hemos observado que es la práctica común de dicho país solicitar se anexe a la petición de extradición un affidavit del fiscal de la causa, el cual debe contener una narrativa en lenguaje simple de los hechos del caso y la historia de la investigación, que establezca con particular claridad la conducta criminal evitando el uso de palabras técnicas que sean de difícil traducción a la cual se debe anexar los documentos que el Fiscal considere necesario', se lee en el segundo párrafo de la nota remitida a la Corte Suprema el 4 de agosto, pero entregada quince días después.

Desde enero de 2015, el expresidente Martinelli, líder de Cambio Democrático, abandonó el país para una gira internacional en la que, según dijo, ‘denunciaría todos los abusos que se cometen en Panamá'.

Tras una reunión en el Parlamento Centroamericano, en la que participó en condición de diputado, se fue a vivir a la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

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‘La Cancillería no dio cumplimiento a realizar un acto de audiencia, mucho menos permitir practicar o aportar pruebas, sino que resolvió',

SIDNEY SITTON

ABOGADO DEFENSOR