Humbert sería ‘cómplice' de los diputados, Cedeño

‘Usted puede estar cometiendo un delito sin darse cuenta', advirtió el abogado Ernesto Cedeño, a través de una nota escrita presentada ayer ante la Contraloría General de la República.

En el documento, Cedeño señala al contralor, Federico Humbert, por ‘negarse a auditar el uso de las partidas circuitales' administradas por 71 diputados de la Asamblea Nacional entre 2009 y 2014.

El abogado destaca que con el escrito de advertencia, el contralor Humbert, cuando venzan las acciones para la rendición de cuentas por el uso de los mencionados recursos, quedaría inmerso en un delito penal conocido como ‘infracción de los deberes de servidores públicos', por no realizar las auditorías.

Cedeño señala que los diputados están en la obligación de rendir cuentas del manejo de estos fondos ante la Contraloría General de la República, que, por mandato constitucional, debe ejercer la función fiscalizadora.

DENUNCIA

Ernesto Cedeño pide que la Contraloría investigue el uso de las partidas circuitales

Según Cedeño, Humbert se niega a realizar las investigaciones solicitadas.

El jurista advirtió que los delitos electorales prescriben en tres años. A los diputados se les facilitó alrededor de $400 millones en partidas circuitales, según el abogado Cedeño.

La acción penal para los delitos electorales, destaca Cedeño en la nota, prescribe a los tres años, según el artículo 422 del Código Electoral, periodo que se cumple el 4 de mayo del 2017.

Insistió el abogado que ha solicitado la auditoría del dinero manejado por los diputados

De acuerdo con Cedeño, si no se hacen las auditorías, nunca se sabrá si los dineros del Estado se administraron de manera correcta.

En el informe del Ministerio de Economía y Finanzas No. DS - SG - N - NO. - 487 del 3 de diciembre de 2014, se desprende que el Estado erogó $403,496,332 entre todos los diputados.

En la resolución del 12 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia estableció que le corresponde a la Contraloría exigir la rendición de cuentas por el manejo de las llamadas partidas circuitales en el periodo 2009-2014.

REACCIONES

Respecto al tema, se pronunció el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, quien propuso que la administración de justicia tome las decisiones necesarias para esclarecer los hechos y dejar a un lado impedimentos técnicos que causan desconfianza en la ciudadanía.

‘Se debe ejecutar el principio de obligación del Estado panameño y ahondar en el hecho de las partidas circuitales', apuntó el representante de los abogados.

Araúz identifica esta como una nueva oportunidad para que se produzcan respuestas efectivas y la sociedad vuelva a confiar en el sistema.