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10 de Dec de 2019

Política

‘Contrato con PSA viola la Constitución y la ley', afirma diputado Ayala

El artículo 290 de la Constitución indica que ningún gobierno extranjero, ni institución oficial o semioficial extranjera, podrá adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de las embajadas

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Roberto Ayala, cuestionado duramente por introducir una modificación al proyecto 53 cuyo objetivo original era adoptar medidas relativas al proceso de apertura de empresas y que terminó derogando la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, se defendió ayer a través de un comunicado, aunque no se presentó a la Asamblea Nacional.

La iniciativa aprobada la semana pasada por el pleno legislativo derogó el contrato con la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodman.

Este lunes Ayala era el diputado más buscado, tanto por sus colegas como por representantes de diversos medios de comunicación interesados en conocer sus explicaciones sobre el cuestionado ‘camarón' legislativo.

No obstante, Ayala no fue visto en el hemiciclo legislativo; sin embargo, en horas de la mañana emitió un comunicado donde explicó el motivo de su propuesta.

HUBO IRREGULARIDADES

En el comunicado Ayala explicó que era de rigor señalar que la negociación del contrato en cuestión desde su génesis estuvo plagada de irregularidades, porque fue denunciada por diversos sectores de la población, entre ellos connotados juristas que interpusieron acciones constitucionales y penales contra dicho contrato, tendientes a lograr su derogación.

Detalló que la oposición se fundamentaba principalmente en que existía una posible grave violación a la soberanía patria, visto que la sociedad contratante pertenece al Ministerio de Finanzas de Singapur, lo que contraviene el artículo 290 de la Constitución, que dispone: ‘Ningún gobierno extranjero, ni institución oficial o semioficial extranjera, podrá adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la ley'.

CESIÓN IRREGULAR

La cesión de tierras a PSA fue denunciada en el Ministerio Público.

Al menos 10 hectáreas que actualmente son parte de PSA inicialmente eran manejadas por Pimpsa desde 1997, hasta que la compañía renunció a la concesión para que PSA pactara directamente con el Estado.

Indica además que la franja de terreno donde surte sus efectos el contrato derogado estuvo inicialmente concesionada a una empresa denominada Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A. (Pimpsa), la cual incumplió la concesión otorgada, entre otras cosas, porque jamás realizó las supuestas inversiones que iba a desarrollar en el área y que beneficiarían a la región donde operaba dicha empresa.

‘La ciudadanía debe saber que, al momento de vencerse dicho contrato, y en lo que parece ser un acto de evidente burla y deslealtad para con los intereses de la nación panameña, este gobierno otorga una nueva concesión sobre la misma área, ahora a PSA Panamá International Terminal, S.A. empresa que aparentemente pertenece al mismo grupo económico que inicialmente había incumplido', señaló Ayala.

De acuerdo con una publicación de La Estrella de Panamá del 26 de mayo de 2015, el abogado Miguel Antonio Bernal denunció ante el Ministerio Público que tanto en la junta directiva de Pimpsa como en la de PSA aparece como socio/director Guillermo Liberman, hijo de Samuel Liberman, un multimillonario empresario argentino, dueño del Grupo Liberman, con importantes nexos con influyentes sectores políticos en Panamá.

Bernal cuestiona cómo una sociedad donde es socio Guillermo Liberman con el apoyo del gobierno de turno ‘se autocede' —a otra sociedad de su mismo grupo— bienes del Estado para que sean utilizados en otras operaciones comerciales en beneficio, principalmente, de los socios de ambas sociedades.

En el documento Ayala indicó además que en virtud del ejercicio de la función del diputado se les permite presentar adiciones y modificaciones a los proyectos presentados inicialmente, por lo que consideró que su actuar no violenta la ley.

Recordó que el proyecto fue votado por unanimidad, tanto en segundo como en tercer debate, luego de pasar el filtro de corrección y estilo y de que se verificara su conveniencia o inconveniencia.

SOSPECHAS

Durante el periodo de incidencias en la sesión plenaria de ayer, algunos diputados repudiaron la acción de Ayala al introducir esta modificación y dieron pistas sobre qué empresa puede estar detrás de la polémica portuaria en el sector pacífico.

El diputado Raúl Hernández, del partido Cambio Democrático (CD), advirtió: ‘Aquí hay acciones que se están llevando bajo cuerdas que buscan verdaderamente hacer un daño tremendo a lo que es la operación de nuestro país en el mundo marítimo'. ‘Hay quienes no quieren aceptar competencia, y están consiguiendo de diferentes formas de que todo lo que sea que afecte a los puertos en este país en especial; sea tachado, dañado y clausurado como lo acaban de hacer aquí con esta derogatoria al puerto de PSA', dijo.

‘Lo que debe hacer el gobierno nacional es ponerle coto a esa empresa que está haciéndole mucho daño y que no le da al país lo que en algún momento se comprometió cuando firmó el contrato ley que le dieron el puerto', enfatizó Hernández.

En tanto, el diputado panameñista José Antonio Domínguez manifestó que hay algo muy interesante en esta polémica. ‘Se trata de la derogatoria de un proyecto portuario; en qué sector, cuestionó. En el sector Pacífico -responde- cuántos puertos hay trabajando en el sector Pacífico versus el Atlántico, quién se beneficia, quién se perjudica; eso nos debe llamar la atención, algo está pasando, y es muy serio. Esto no se puede quedar así, aquí hay que hacer una investigación', expresó.

Mientras, la diputada independiente Ana Matilde Gómez expresó su sentimiento de malestar y de vergüenza. ‘Esta propuesta nos avergüenza a todos', señaló.

En tanto, el proponente del proyecto original, el perredista Iván Picota, dijo estar indignado con esta modificación. ‘Miren la barbaridad de artículo que metieron, eliminan un puerto de un plumazo, con millones de dólares de inversión, con panameños y panameñas que trabajan en ese sector'.

‘Este diputado no avala ese artículo. Queremos discutir los proyectos, pero sin esa sirvengüenzura ni las prácticas del pasado que eran meter chanchullos o camarones. Le pedimos al presidente de la República que vete ese artículo de esta ley', precisó.

PRESIDENTE VARELA VETARÁ EL PROYECTO DE LEY 53

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, reaccionó a lo ocurrido en la Asamblea Nacional, tras incluirse un artículo al proyecto 53, con el cual se derogó el contrato ley con PSA Panama International Terminal, S.A.

‘Tengan la seguridad que apenas reciba esa ley voy a vetarla porque esa es una irresponsabilidad', expresó el mandatario.

Indicó que lo interesante es ver ahora quién está detrás de esta iniciativa.

‘Ya vimos cómo se atentó contra el puerto de Corozal cuando el Canal de Panamá quiso hacerlo, vimos cómo se sigue atentando contra este puerto que hizo la empresa de Singapur; yo creo que debemos investigar quién está detrás de que los diputados actúen de esa forma irregular', precisó el presidente Varela.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, indicó que jamás atentaría contra la seguridad jurídica, tras asumir la responsabilidad de que se haya aprobado tan inconveniente propuesta por parte de la mayoría absoluta con diputados de todas las bancadas.

Se espera que esta misma semana el proyecto sea remitido al Ejecutivo con una petición de veto parcial.