Leyes de transparencia y anti crimen organizado, tareas pendientes del Legislativo

Actualizado
  • 02/01/2021 00:00
Creado
  • 02/01/2021 00:00
Para el abogado Cedeño la Asamblea debe discutir temas de transparencia, conflicto de intereses, protección al denunciante y fortalecimiento a la independencia de los poderes del Estado.
Aunque el Órgano Ejecutivo, a través del Minseg ha promovido el proyecto de ley de extinción de dominio, la Asamblea no lo ha discutido ni siquiera en primer debate.

La Asamblea Nacional inicia hoy la segunda legislatura del tercer periodo ordinario de sesiones, en el que deberá discutir diversas normas en temas de transparencia, la modificación del Reglamento Interno del Órgano Legislativo y el proyecto que establece la extinción de dominio; que quedaron engavetados en la legislatura pasada.

La tarea de este órgano del Estado será más ardua en esta legislatura, ya que se espera que varios de los acuerdos avalados en el denominado Pacto del Bicentenario, impulsados por el Órgano Ejecutivo, deban ser llevados al pleno legislativo para ser discutidos y convertirlos en ley de la República.

Para diversos sectores de la sociedad civil la Asamblea aún está en duda con temas importantes, que deberá abordar en esta legislatura.

Ley de extinción de dominio

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), el proyecto de ley de extinción de dominio, para perseguir el crimen organizado es una norma que debe tratarse en este periodo, ya que asegura, es importante contar con más herramientas para combatir el narcotráfico y la corrupción.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad ha defendido y promovido este proyecto de ley; sin embargo, la Asamblea no lo ha sometido a discusión ni siquiera en primer debate.

De igual manera, aseguró Plannells, se deberán tratar normas para la no prescripción de los delitos de corrupción y la inhabilitación a los condenados por corrupción para trabajar para el gobierno.

Plannells manifestó además que se requiere que se debatan leyes que agilicen la reactivación económica y mejoren la educación.

Pitty: “Hubo un balance negativo”

Por su parte, Freddy Pitty, del Movimiento Juntos Decidimos, expresó que la primera legislatura del tercer periodo ordinario de sesiones 2021, deja un balance negativo en aspectos de transparencia, rendición de cuentas, eficacia, prioridades y participación ciudadana en el quehacer parlamentario.

Esta situación, precisó, agrava la ya debilitada confianza y credibilidad en el Órgano Legislativo, lo cual, asegura, acarrea serias consecuencias para la democracia.

“No hay expectativas favorables para el siguiente periodo con la Asamblea Nacional actual, ya que está conformada por individuos que nos siguen demostrando no tener compromiso, ni voluntad para trabajar por el país con transparencia, integridad, rendición de cuentas y en los temas realmente prioritarios, aspectos que los ciudadanos no podemos dejar de exigir”, precisó.

Acuerdos del Pacto del Bicentenario, a la Asamblea

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño consideró que la Asamblea dejó dudas en la primera legislatura del tercer periodo, que recién acabó de pasar y dijo que éste año 2022 debiera enfocarse en temas puntales que fortalezcan la transparencia y la seguridad jurídica en la República de Panamá.

En tal sentido, manifestó que la mayoría de los acuerdos del Pacto del Bicentenario, van a tener que concluirse en normas jurídicas que deberá aprobar la Asamblea.

También, expresó que se deben discutir aspectos que tengan que ver con transparencia, conflicto de intereses, Reglamento Interno, la protección al denunciante y de alguna u otra manera, tratar de fortalecer la independencia de los poderes del Estado.

Al respecto, detalló que es un hecho público y notorio que la Asamblea en la legislatura pasada, se decantó por aprobar normas para blindar a algunos altos funcionarios, en investigaciones administrativas, tras revivir algunos artículos del Código Judicial.

“En la práctica ya lo vivimos en un caso que tuvo que remitir el Procurador de la Administración al pleno de la Corte, que no puede investigar al contralor de la República porque este apeló a la norma jurídica. Ya se sabía que era una ley blindaje que fue aprobado a vuelo de pájaro por la Asamblea y sancionada a balazo por el Ejecutivo”, concluyó Cedeño.

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