DDD y el sistema democrático

El pasado lunes, la sociedad panameña fue impactada con la portada del diario La Prensa, en la misma aparecía el producto de una investigación periodística, según ellos, que venía dándose desde hace varios meses. El esfuerzo investigativo dio como resultado que el actual ministro de Gobierno y Justicia estaba involucrado en una situación que concluyó en la pérdida de la vida del policía Andrés García. A partir de ese registro periodístico se ha desatado más que un debate, una polémica muy intensa.

En lo particular, varias cosas me han llamado la atención de todo lo que se ha dicho y lo que he leído. Unas son de consideraciones estrictamente humanas y las otras de carácter político-institucional. Las humanas tienen que ver con la muerte de un ser humano y el natural y consabido sufrimiento de la familia de la víctima; por la época en que ocurrieron los hechos, al sufrimiento de la pérdida de un ser querido se suma la impotencia, indefensión y frustración por la que pasaron todas las familias que durante la dictadura perdieron a un pariente. En la misma perspectiva humana, 38 años después, pensé en la familia de Daniel Delgado Diamante al tener que pasar junto a él por este escarnio público al que está siendo sometido producto de hechos ocurridos en el pasado, pero que ahora son de dominio público.

Luego de haber interiorizado mis propias reflexiones de solidaridad humana que me genera el caso, me comenzaron a surgir las preocupaciones ciudadanas. Porque sigo pensando que al día de hoy el tema va más allá del ciudadano que ocupa el cargo de ministro, que hoy se llama Daniel Delgado Diamante, y que mañana puede tener otro nombre con otro caso tan o más grave que el actual.

Por la salud del sistema democrático el ministro debe renunciar al cargo, porque hasta yo, que no soy abogado, sé que el tratamiento que el Ministerio Público le tiene que dar no es el mismo estando en el cargo que fuera del mismo.

Dicha acción no puede ser vista como un reconocimiento o aceptación de culpabilidad alguna, por el contrario, deberá ser vista como un gesto que contribuya a aclarar lo denunciado y para que a su vez la población retome confianza en el sistema y en quienes ocupan tan encumbrados cargos. Si el ministro no renuncia, el presidente Martín Torrijos tiene la obligación de separarlo o pedirle la renuncia. ¿Por qué? ¿Para concederle “ese triunfo” a La Prensa? ¿Para otorgarle ese trofeo a los candidatos a la Presidencia de la oposición, que así lo han pedido? Por supuesto que no, la acción debe asumirse en aras del equilibrio social y político de nuestro país.

Creo que cuando los pueblos pierden confianza en su sistema, cuando comienzan a repudiar a la clase política por su impunidad y autoinmunidad producto de que se conocen hechos y no pasa nada, justamente es cuando las fórmulas tipo Chávez, Morales, Correa y Ortega surgen producto de la voluntad popular en virtud de ese descontento e impopularidad de la democracia tradicional. Martín Torrijos Espino y Daniel Delgado Diamante tienen la grave responsabilidad de no añadirle un eslabón más a la cadena de desilusiones y frustraciones que este pueblo panameño cada vez más tiene hacia el sistema democrático por culpa de la clase política.