Sistema de solidaridad jurídica

Separando el sensacionalismo y las expectativas que arraiga la mediatización de muchos de los casos que acaparan la atención del ciudadano común, es irrefutable la percepción de corrupción que colman al grueso de la membresía de este país que —simplemente— ha perdido la fe en las entidades que tenían a su cuidado la delicada tarea de administrar justicia bajo un clima de imparcialidad y transparencia.

El vertiginoso incremento en la comisión de delitos; tanto de naturaleza culposa, como dolosa perpetrados contra la integridad personal, salud y la hacienda pública, entre otros; no hacen más que recalcarnos —por una parte— la necesidad de gobernar con normas y principios de equidad social y —por la otra— la ineptitud de un esquema judicial deficiente, moroso, selectivamente diligente, colapsado, minado desde sus cimientes por la forma en que designa sus magistraturas y jefes de instrucción, a través de mecanismos de selección —”caprichosos”— que han sido provechosamente diseñados para regular y limitar su marco de acción, adjudicándoles el privilegio estratégico de ser renovados a la par de la alternancia del poder político —característica— de una nación donde éstas perniciosas y aviesas prácticas están íntegramente preservadas y al servicio de los intereses de unos cuantos bellacos, que manifiestan con desfachatez a vox populi su impunidad.

La independencia de poderes consagrada en la Carta Magna es prácticamente letra muerta; una entelequia desvanecida en un marco legal que invocando la colaboración armónica entre los tres Órganos del Estado, delega ominosamente —a sus miembros— la facultad de ser ratificados, investigados y hasta juzgados.

La recurrencia y el aumento en la interposición de querellas —a nivel internacional— con el propósito de hallar escucha a sus fallidas peticiones y la cabida que éstos han encontrado a sus demandas, colocan en entredicho la objetividad de los fallos de alto perfil emitidos por nuestras instancias superiores y sientan pautas en la jurisprudencia local al reivindicar los derechos y garantías de los quejosos.

Casos como el del apócrifo ex magistrado Arrocha, Cemis, HP—1430, el conato de exclusión de algunas candidaturas —en el plano electoral— y el camino que han tomado las investigaciones por la Murcia—política; sin obviar el sosegado curso que llevan otros sensitivos procesos como la permisión o no de las candidaturas independientes para presidente —a escasos días de la contienda electoral— constituyen razones suficientes para afirmar que estamos literalmente inmersos en un Sistema de Solidaridad Jurídica, que como sociedad nos mantiene acorralados, que ante la presión popular sólo responde a tientas, pero que es incapaz de procesar e impartir sanciones ejemplares a quienes quebranten las leyes sin hacer reparo de su investidura social o política.

Una circunstancia que hace acuciosa la reestructuración total —a través de la vía constituyente— de este deplorable escenario que amenaza con sepultar el desesperado grito de los menesterosos, bajo el estrepitoso ruido de la violencia y la zozobra política.

-El autor es financista y docente.alfasa13@cwpanama.net