Una regulación necesaria

La inconformidad manifiesta que por años han sostenido los usuarios de las tarjetas de crédito ha encontrado un paliativo con el recién aprobado proyecto de Ley 50, “Que tutela los derechos de los usuarios de la tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento”.

El proyecto fue una loable iniciativa de mis colegas Alcibíades Vásquez y José Blandón Figueroa, quienes tuvieron la determinación de llevar adelante este importante proyecto, y que a la vez resulta inédito en la legislación panameña.

Anterior a este proyecto solo existen varios acuerdos y circulares de la Superintendencia de Bancos, que dictan algunas normas que los bancos deben cumplir en relación con la atención a sus clientes y usuarios, lo cual incluye en modo muy general algunas medidas sobre las tarjetas de crédito. En este sentido, estas normas no contienen per sé una regulación del contrato de tarjeta de crédito ni de los derechos de los tarjetahabientes en relación con el banco emisor.

Los múltiples conflictos eran resueltos por disposiciones legales contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio en materia de contratación y obligaciones, y las de protección al consumidor establecidas en la Ley 45 de 2007. Con este proyecto se innovarán en nuestro sistema jurídico las regulaciones en materia de utilización de tarjetas de crédito, así como aspectos de protección a los miles de usuarios de esta facilidad crediticia. A la vez se evita en cierta medida que los tarjetahabientes se endeuden excesivamente con el establecimiento de un límite, así como la incorporación del derecho de todo tarjetahabiente de protestar los estados de cuenta que le presente el emisor, también se busca garantizar el derecho que tiene el tarjetahabiente a recibir toda la información referente al uso de su respectiva tarjeta y los cargos que la entidad bancaria emisora tenga a bien aplicar.

Es evidente que ninguna entidad financiera obliga a los ciudadanos en la adquisición de una tarjeta de crédito, pero, tampoco es menos cierto que la persuasión que emana de sus intensivas campañas publicitarias se convierte en una espada de Damocles, que juega en ciertos casos con la necesidad económica de muchos panameños. Razón por la cual, el proyecto dicta normas sobre las obligaciones del tarjetahabiente, con el objeto de inculcar el sentido de responsabilidad y de compromiso que debe tener cada ciudadano con la utilización de su respectiva tarjeta.

En síntesis, con esta norma se garantizará una relación más clara entre los tarjetahabientes, las entidades emisoras, y los comercios afiliados, que garantice el respeto y los derechos de los usuarios de este tipo de instrumento de pago.

Finalmente, reitero que es un proyecto de justicia social impulsado por mis colegas Vásquez y Blandón, de igual manera le garantizo a la población que esta servidora como diputada siempre estará apoyando las iniciativas legislativas que se traduzcan en beneficio directo para la Nación.

*Diputada por el 8-2 (Capira).yabrego@asamblea.gob.pa