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31 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

La vida privada del funcionario judicial

En el Preámbulo del Código de Ética aprobado recientemente por el Órgano Judicial, se dice que “…el elemento jurídico n...

En el Preámbulo del Código de Ética aprobado recientemente por el Órgano Judicial, se dice que “…el elemento jurídico no puede estar divorciado o aislado del elemento moral, por consiguiente, el juez no puede ser concebido al margen o con independencia de reglas morales destinadas a gobernar también su conducta funcional y personal”.

Cada vez que el Ejecutivo debe escoger a las personas para que ocupen el cargo de magistrado de la Corte, se levanta un revuelo en torno a los títulos y ejecutorias de los aspirantes, pero tal vez adrede se olvida hacer un objetivo escrutinio a la conducta personal y a las reglas morales que guían la vida de los interesados. Quizás por este olvido, doloso diría, llegan a esos cargos y a los cargos de procuradores, fiscales y jueces, individuos carentes de reglas morales, realidad que incide en su conducta funcional y personal.

El examen objetivo de la vida personal de los que ocupan o aspiran a ocupar cargos importantes en la administración de justicia, debe ser discusión pública y obligatoria, como sucede en otros países. Nuestra sociedad debe saber que fulano es doctor en Derecho, graduado en una prestigiosa universidad, que es un exitoso abogado, inteligente y capaz, pero también le interesa conocer si fulano está casado o se ha divorciado, si ha sido denunciado por violencia doméstica, si le es infiel a su esposa, si es mujeriego o jugador, si cumple con la pensión alimenticia de sus hijos, si paga seguro social a su empleada doméstica, si tiene deudas pendientes, si es malapaga , si paga impuestos o si es grosero con sus subalternos, etc.

La sociedad debe saber sobre la vivencia y trayectoria personal de los que ocupan o desean ocupar dichos cargos. No para que aflore el chisme, no por mera curiosidad, sino porque científicamente existe una relación estrecha entre su conducta “ íntima ” y las decisiones que debe asumir como funcionario de instrucción o juzgador.

En el ámbito de la honorabilidad no cabe la dicotomía. El funcionario judicial no puede ser honorable en el ejercicio de sus funciones, en las decisiones que suscribe, si en su vida personal no practica esa regla moral. Los que aplican la ley no solo deben parecer honorables, deben serlo más allá de toda duda. La majestad que da la toga no se pierde al salir del despacho ni se diluye su negra textura con las sombras de la noche. El que es honorable e íntegro lo es siempre, en todos y cada uno de los actos de su vida, sin excepción alguna.

Pero no. Aquí creemos todo lo contrario. Creemos que nada importa si la que investiga es una traviesa divorciada o el juez es una tremendo travesti. Nada importa si fulano, el doctor, es un depravado sexual o la fulana golpeaba a sus ancianos padres. Nada importa si su conciencia anda llena de prejuicios y complejos sociales o raciales o sexuales, ni si sufre de alguna hipertrofia de los mecanismos caracterológicos. Aquí solo son relevantes los títulos y las ejecutorias, requisitos formales, aducidos por los hipócritas, que muchas veces sirven para ocultar la ausencia de sólidas reglas morales.

Los funcionarios judiciales, contrario de las personas que ocupan otros cargos y ejercen otros oficios, tienen una misión cuasi divina: impartir justicia. Esta sola facultad es suficiente para exigir que quienes la ejercen sean personas de notoria honorabilidad e integridad, es decir, que inspiren respeto absoluto e incuestionable confianza a la sociedad. El único camino para comprobar fehacientemente que semejantes atributos sean ciertos, es entrando a su vida íntima, a la alcoba donde se desnuda el alma.

Sé que estas reflexiones pueden alterar el sosiego de aquellos que de día se disfrazan de impolutos y se advierten muy serios y diligentes y en las noches sueltan al viento sus debilidades, desviaciones y proclividades ocultas bajo la falda cara o el vestido elegante. Estos funcionarios judiciales tienen sus vocingleros que alegando el derecho a la privacidad e invocando el derecho a la libertad, aducirán prontamente que cada cual hace con su cuerpo lo que quiere después de sus horas laborales y así defenderán sus obscenas reglas de su ambivalente conducta.

Lo cierto es que si la administración de justicia anda mal no se debe tanto a la ausencia de buenas leyes, ni al hecho de que los magistrados de la Corte los escoge el Ejecutivo. Nadie se debe dar a engaños: las cosas caminan mal porque, salvo marcadas excepciones, en la vida personal de los funcionarios judiciales no coincide el ser con el parecer. Ante esta realidad, debe surgir la propuesta de someter a los que están y a los que quieran estar al examen público de su vida íntima. Seguro estoy de que los que son honorables no le tendrán temor a semejante escrutinio, ni necesitarán de la vocería de nadie. Estos son los funcionarios judiciales que requiere la administración de justicia y exige el país.