Minería, ambiente y riqueza, ¿cuál es su costo?

Cerro Colorado se encuentra en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, tiene una reserva de 17.360 millones de kilogramos de cobre, su explotación representa al precio actual $124 400 millones solo en cobre sin contar el oro y la piedra. Inmensa riqueza difícil de ignorar. La inversión aproximada es de 3500 millones y las “regalías estatales” constituyen un pírrico 2% del total (2488 millones) cambiado por una adenda al 4%. Representa 3100 millones por año. Con lo que la inversión se amortizaría en solo dos años. La explotación durará 40 años mínimo.

Petaquilla, podrá producir un promedio de 9 696 millones de kilogramos de cobre y 60 030 kgs. de oro, aunque con la previsión de que la producción se incremente a lo largo de los 23 años de vida de la mina. En total 69 462 millones en cobre y 1500 millones en oro. A una explotación de 23 años representa 3085 millones por año. Cerro Quema tiene reservas probables y probadas de 11 175 kilos de oro, que representan al precio actual del oro de $25 000 el quilo, equivale a 279.4 millones. Cerro Chorcha 2000 millones de kilos de cobre y un promedio de 6000 kgs. de oro o 14 326 millones en cobre y 150 millones en oro. En total solo cuatro yacimientos de las 191 solicitudes de exploración existente tienen el potencial de 209 255 millones (10 463 millones por 40 años) de los que el Estado recibiría 4 185 millones. Sin estimar el valor de la plata y el molibdeno. En Cerro Colorado se generarán unos 500 empleos permanentes y de no cambiar la normativa las tierras se arrendarán irrisoriamente entre 50 centésimos hasta $3.50 por hectárea. Las concesiones solicitadas en tierras comarcales constituyen la mitad del territorio indígena.

La actividad minera crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan. El impacto ambiental de una actividad es la diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa. Las acciones que producen impacto son las excavaciones, voladuras, emisión de gases y efluentes líquidos, creación de vías de transporte, etc. y los factores impactados de la vegetación, fauna, paisaje y el ser humano.

En la explotación a cielo abierto, la atmósfera se afecta en diferentes formas, tanto sólidas (polvo, fundamentalmente durante las voladuras, pero también durante la carga y el transporte), gases (pirometalurgia, escapes de vehículos, gases liberados durante algunos procesos concretos), ruidos (voladuras, maquinaria, lanza térmica), y onda aérea. Los seres vivos pueden aspirar, no solo polvo, sino aerosoles cargados en compuestos tóxicos como ácido sulfúrico para el cobre, cianuro para el oro y metales pesados propios de la explotación, como el cadmio, mercurio, plomo, etc. Las aguas de los ríos y afluentes reciben turbidez, cloración y acidez afectando la fauna y provocando la esterilidad del suelo afectando la agricultura y los bosques. Con la erosión resultante se induce el transporte de los contaminantes a otras áreas.

En Panamá no existe buena referencia hacia una minería responsable la prevención del impacto (que se desarrollará antes o durante las labores de explotación), la restauración del terreno, que consiste básicamente en devolverle en lo posible su aspecto original, y la remediación que pretenderá solucionar los problemas de mayor calado, no solucionables mediante la simple restauración. La mina de Santa Rosa hoy parece un paisaje lunar y Petaquilla fue denunciada por empezar los trabajos sin concluir el estudio de impacto ambiental. Según el Centro de Incidencia Ambiental, empresas como Corriente Resources, interesada en Cerro Colorado, promueven la explotación minera regalando cuadernos y camisetas a los indígenas con el logo Minería Responsable. Organiza también reuniones en las aldeas y lleva material didáctico con calcomanías que dicen: “ Los mineros somos más ”, con los mismos colores que se usaron en la campaña política pasada que decía: “ Los locos somos más ”.

Sobre las tierras comarcales, la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998 (General de Ambiente) indica que para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en esas áreas, debe darse una coordinación entre las autoridades gubernamentales y las indígenas, así como que las comunidades afectadas por un determinado proyecto tendrán derecho a una justa participación en los beneficios económicos que genera esa actividad. La misma Ley refiere que para las consulta debe participar la sociedad civil. Sin embargo, las máximas autoridades, del Congreso General Ngöbe Buglé, indican que, no solo no han sido partícipes, sino que no les fue posible conversar con el Ejecutivo. Celio Guerra, fiscal del Congreso General Ngöbe-Buglé, declaró que ese organismo se opone desde 2006 a la explotación minera.

Las preguntas son.. ¿Podrá nuestro país encontrar el equilibrio entre la explotación de esta fabulosa riqueza, la conservación del ambiente y su distribución sensata y equitativa respetando y haciendo partícipe a una comunidad con siglos de desconfianza justamente acumulada? ¿Podremos negociar en condiciones de igualdad con las transnacionales mineras, para que hablemos de dividendos y no de regalías, sin olvidar que luego de 40 años de bonanza nos quedará una tierra mucho más árida en medio del cambio climático que tardará al menos 200 años en recuperarse?

*Médico y miembro de Conciencia Ciudadana. concienciaciudadana09@hotmail.com