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10 de Apr de 2020

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Nadie tiene la verdad absoluta

Luego de los acontecimientos acaecidos en la provincia de Bocas del Toro, producto del enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas anti...

Luego de los acontecimientos acaecidos en la provincia de Bocas del Toro, producto del enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas antimotines, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo de diálogo con esos manifestantes, de suspender por 90 días la entrada en vigencia de tres artículos.

Queda un amargo sabor; una percepción ciudadana desfavorable de la imagen y profesionalismo de la Policía Nacional. La excesiva e inadecuada fuerza utilizada por los antimotines, para reprimir a los manifestantes, al disparar perdigones en áreas prohibidas, dejó un saldo conocido de dos muertos y más de 160 heridos; de los cuales, más de 35 requieren de intervención quirúrgica oftálmica por perdida de visión, según expresó el ministro de Salud.

Hecho por primera vez visto en Panamá, a pesar de que la fuerza policial, históricamente, es utilizada por los gobiernos para controlar protestas. Es imprescindible que quienes gobiernan aprendan a escuchar la voz del pueblo para evitar estas situaciones.

El presidente Ricardo Martinelli se trasladó a la provincia de Bocas del Toro con parte de su equipo de gobierno, ‘pidió disculpas por el exceso de fuerza y se comprometió a crear una comisión independiente que investigue los motivos del enfrentamiento entre obreros bananeros y la policía’, (diario El Siglo).

Al mismo tiempo, voceros del gobierno en la ciudad capital, entre ellos, la ministra de Trabajo, reiteran que en la mesa de diálogo solo se van a discutir los artículos 12, 13 y 14, convenidos por el Ejecutivo y los trabajadores en el ‘Acuerdo de Changuinola’.

Dirigentes gremiales argumentan que los trabajadores no han pedido discutir solo tres artículos, sino derogar la Ley 30 y señalan que el diálogo es una distracción del gobierno. Frente a ello Frenadeso y Suntracs hacen un segundo llamado a Huelga General para agosto.

Los ambientalistas de modo pacífico exteriorizan su inconformidad a la aprobación de la mencionada Ley. En entrevistas realizadas en medios informativos expresan su interés de participar en la mesa de diálogo y que se abra el marco de discusión a otros temas.

En Bocas del Toro y a nivel nacional, diversos grupos de la sociedad civil, entre ellos gremios y sindicatos, solicitan al Ejecutivo la destitución del jefe de la Policía Nacional y los ministros de Seguridad y Trabajo, así como la derogación de la Ley Chorizo, Ley Carcelazo y Decreto Ejecutivo 537 (Comarca Ngäbe Buglé).

La pausa, por esos 90 días, deja avistar una ‘tensa calma’, que de no tomar medidas acertadas para corregir los excesos emanados como consecuencia de la sanción de una ley multidisciplinaria, sin relación entre los temas aprobados, pudiera conllevar al inicio de una nueva batalla, desconociendo cómo pueda culminar.

El escenario es preocupante, por ello son sabias y acertadas las palabras de monseñor Ulloa, Arzobispo de Panamá, al invitar a la reflexión, dejar los prejuicios y las cartas bajo la manga, al ir a la mesa de diálogo, pues nadie tiene la verdad absoluta.

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.