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01 de Jun de 2020

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Genaro López

Columnistas

Precios y especulación

R ecién pasadas las elecciones del 2009 resonaba en el oído de los panameños la crucial promesa de campaña electoral

R ecién pasadas las elecciones del 2009 resonaba en el oído de los panameños la crucial promesa de campaña electoral de Ricardo Martinelli ‘reducir el costo de la canasta básica de alimentos’. Cuando comenzó la administración Martinelli (junio 2009), la canasta básica de alimentos costaba $268.20 mensuales, cinco años más tarde (marzo 2014) su costo asciende a $336.54 mensuales, es decir $68.34 más, lo cual merma el poder adquisitivo de los hogares panameños, golpeando severamente su calidad de vida.

Hoy, pasadas las elecciones del 2014, nuevamente una de las grandes preocupaciones de los panameños es el costo de la canasta básica de alimentos, el cual crecen vertiginosamente.

Al igual que Martinelli, en su campaña electoral Varela prometió reducir el costo de los alimentos, utilizando otro mecanismo ‘control de precios de emergencia’.

Pasadas las elecciones ya existen dos hechos contundentes frente a la medida de regular precios propuesta por Varela. Primero, no existe sustento técnico en la propuesta, por lo menos fue lo expresado por Dulcidio De La Guardia, próximo ministro del MEF, quien delante de los medios de comunicación social adelantó la necesidad de contratar una consultoría privada que realizará el estudio para determinar la formula a seguir. De ello cabe preguntarse: ¿Cuál es la base que determinó 22 productos de los 50 que componen la canasta básica de alimentos? ¿Cuál es la base de los supuestos $58 mensuales que colocará en el bolsillo de los panameños? ¿Se consideró que 22% de los productos de la canasta de alimentos son importados? ¿Qué sucede con el tema de la seguridad y soberanía alimentaria?

En segundo lugar, el sector empresarial, sector al cual responde el gobierno entrante, ha manifestado que ‘en un mercado de libre oferta y demanda, el control de precios podría ir contra la libertad económica’, discurso panfletario que conduce a la más completa indefensión de los consumidores que se ven violentados por el accionar de las instituciones que están llamadas a la defensa del consumidor. Como resultado es cada vez mayor la población que ve deteriorada su calidad de vida, al punto tal que uno de cada cuatro niños esta desnutrido.

Estos dos elementos dejan entrever que la medida de aplicarse será reduccionista. Mientras tanto, la conducta especuladora de los empresarios ya se deja sentir, a través del aumento de los precios de los principales alimentos de consumo de la población (arroz, carne, pollo, etc.). Con ello, pretenden que el precio de referencia, de congelarse los precios, sea el especulativo. Dado lo anterior, cualquier medida de control de precios tiene que estar acompañada de una reducción de los precios, a fin de garantizar la eliminación de los precios de especulación que se ha generado, no de ahora, sino desde hace varios años producto de una estructura oligopólica en la cadena de distribución y comercialización. La respuesta al problema del costo de vida es disminuir y congelar los precios de los artículos de primera necesidad, eliminar las estructuras oligopólicas del mercado, promover el agro y decretar un aumento general de salario. De no gestar esta relación, el pueblo una vez más será objeto de las falsas promesas de la partidocracia.

El pueblo ya no aguanta más el elevado costo de la vida que le imponen autoridades con la complicidad de gobiernos 100% empresariales, que día a día solo piensan en dar todo más caro sin pensar que cada vez es más difícil para una familia poder comprar los alimentos suficientes para tener fuerzas para estudiar, trabajar y para hacer una serie de actividades.

Es necesario redoblar los esfuerzos de organización. En este sentido debe incrementarse la lucha para exigir al nuevo gobierno que de una vez por todas se atienda el problema del alto costo de la vida, provocado por el accionar inescrupuloso de dueños de supermercados y cadenas distribuidoras. No debemos permitir que se siga atentando contra el derecho a la vida digna de los panameños.

SINDICALISTA