• 06/06/2014 02:01

Desarrollo y recursos renovables

La crisis energética ya no es un problema exclusivo de los países industrializados

La crisis energética ya no es un problema exclusivo de los países industrializados. En Panamá, dicha problemática es evidente, debido a los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje y por las consecuencias económicas que implican para el país. Detrás de todo está la falta de planificación estratégica de producción de energía de manera sostenible, tomando en cuenta el crecimiento de la demanda a largo plazo. También, sobre cómo producirla sin afectar al medio ambiente de manera irreversible.

El concepto medio ambiente y desarrollo sustentable se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.

La proliferación de hidroeléctricas a lo largo y ancho del país, a pesar de la energía que producen, no ha contribuido a mejorar el panorama de manera decisiva. Muy al contrario, se ha entrado en conflicto directo con algunas poblaciones en donde se desarrollan sus construcciones. Citamos particularmente el caso de Barro Blanco, cuyo problema, según expresan los moradores del área, es la afectación del ambiente de esa región, incluyendo al río Tabasará, sagrado para el pueblo Ngäbe-Buglé. También exigiendo respeto del gobierno al territorio de la Comarca. Además, que a otras actividades en la zona, como la ganadería y la agricultura, se les impedirá el acceso al agua, recurso vital para su desarrollo.

Por eso, se recomendó a la UNESCO designar Patrimonio Natural de la Humanidad al Parque Internacional La Amistad, entre Costa Rica y Panamá, como sitio en peligro por la excesiva proliferación de hidroeléctricas. Además, en la Convención de Ramsar, la protección de los Humedales San San - Pond Sak (Bocas del Toro), la laguna Matsugaratí y Punta Patiño (Darién) y la Bahía de Panamá, el Damani-Guariviara (Comarca Ngäbe-Buglé) y otras áreas, como el Golfo de Montijo (Veraguas).

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) se ñala que la producción industrial y el consumo en el mundo están sobrepasando la capacidad de renovación de los recursos naturales, así como la capacidad de los gobiernos para atajar el problema de la contaminación y los desechos. En este contexto, ONUDI ha establecido que el uso eficiente de la energía y el medio ambiente son indispensables para el desarrollo humano sustentable.

Las personas en situación de pobreza son mayormente afectadas por la degradación ambiental y la falta de acceso a servicios de energía limpia y asequible. Aunque el crecimiento industrial ha contribuido a sacar de la pobreza a decenas de millones de personas en muchos países, sobre todo en las aglomeraciones urbanas en constante crecimiento, es evidente que el incremento económico y la urbanización no llegan sin exigir un precio.

A este fenómeno se añaden servicios insuficientes o inexistentes en la esfera ambiental y urbana, como sistemas de reciclaje, sistemas de tratamiento de aguas residuales y negras, desagües, abastecimiento de agua pura, instalaciones de saneamiento y gestión de desechos sólidos. Semejantes deficiencias son un obstáculo para la economía, imponen una carga suplementaria a los recursos naturales y son perjudiciales para la sanidad pública y la inversión. También restringen el potencial de las zonas urbanas para contribuir plenamente al crecimiento económico.

La llegada de la época lluviosa en el país, pone de manifiesto que la construcción de las megaobras, que no toman en cuenta tales aspectos, genera graves inundaciones en distintos sectores de la capital. Para nadie es un secreto que tampoco se han respetado las áreas protegidas, que incluyen los humedales, cruciales para la economía local, la pesca y la biodiversidad, reservorios de agua limpia para el mantenimiento del recurso alimentario, tanto en tierra como en el mar, y proveedores de protección contra desastres como las inundaciones, son destruidas por la maquinaria pesada, por las malas prácticas productivas y por la contaminación industrial y doméstica día a día.

Hay normativas vigentes en el país que protegen los humedales, como lo es el resuelto 1 del 29 de enero de 2009, promulgado por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Sin embargo, parece que prevalecen más los intereses económicos que la protección al medio ambiente, poniendo en riesgo recursos naturales indispensables para el país.

Panamá debe establecer políticas de Estado que garanticen la producción de energía, tan necesaria para el progreso, considerando la preservación ambiental y los recursos naturales renovables y su uso responsable, fomentando el equilibrio entre ellos y el desarrollo sustentable, en beneficio de la nación panameña.

ABOGADO

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