Inmundicia política

El político debe estar más allá de toda duda, pero en el caso panameño, lo que constituye una constante en su accionar es la deshonestidad. Lo que se pone de manifiesto es la pudrición de un sistema político, que produce desconfianza en las instituciones y en los hombres públicos, que tienen la sagrada responsabilidad de conducir los destinos del país.

Lo que recientemente ha salido a flote con la desviación de recursos dispensados a los diputados hacia las juntas comunales, es una manifestación clara de la permanencia de la bazofia inmersa la política. Es una abierta expresión de complacencia con el delito y una muestra de la reducida estatura de quienes optaron por el camino del quehacer político.

No cabe duda de que estamos en presencia de formas solapadas de transgresión de las normas y de los más sagrados principios éticos que deben regir esta actividad. Y es que cada vez más se lastima la cacareada institucionalidad y se contribuye con la desestabilización de la democracia, que se invoca con marcada insistencia cuando sirve a los propósitos de algunos intereses.

Lo ocurrido con el desvío de fondos económicos otorgados a diputados para las juntas comunales, es un escándalo de proporciones incalculables, que merece toda la enérgica atención de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los dineros de la población. Las investigaciones deben iniciarse y los responsables deben responder por sus actos. Lo contrario abona el camino para posiciones que pueden ir más allá de las que ha venido asumiendo el pueblo, que convertido en un convidado de piedra, observa con pesar cómo se dilapidan los recursos.

Pareciera existir una resistencia por hacer y fortalecer la honestidad. Tal vez es más cómodo, porque es muy rentable en todos los sentidos, invocar la indecencia. Lo desafortunado, desde luego, es que quienes, hipócritamente se muestran como los paladines de las causas nobles, son los mismos que se desgargantan con discursos encubiertos, que terminan por aprovecharse de la ingenuidad y de la nobleza de la población.

Los defraudadores de la confianza ciudadana deben ser expuestos públicamente. Sus rostros deben presentarse a la faz pública, como una forma de escarnio para que la comunidad nacional conozca a quienes bajo el ropaje de funcionarios, diputados, representantes de corregimientos, en una muy bien pensada trama, birlaron la voluntad popular.

A las instancias legales debe corresponder realizar las investigaciones correspondientes y proceder conforme lo pertinente para deslindar responsabilidades. Esto no puede pasar desapercibido, como ha ocurrido con otros escándalos, porque a la luz de un tácito acuerdo entre los políticos, todo es permitido, pues al final no pasa absolutamente nada.

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