Derecho a la alimentación y canasta básica

Por mucho que haya evolucionado la humanidad, los seres humanos tenemos la prioridad de alimentarnos para evitar la muerte por hambre, observación natural donde se deduce que la principal preocupación del Estado consistiría en que la comida llegue a cada mesa de los hogares panameños.

Admitir el hambre y la inseguridad alimentaría es convivir con la pobreza, la miseria, la improductividad laboral, la deserción escolar, la enfermedad, la discapacidad y la muerte prematura.

Empecemos a soñar. ¿Qué tal si de las ganancias del Canal de Panamá pudiéramos implementar un plan para la alimentación de los panameños?

Imaginemos que este dinero es para crear el Fondo Fiduciario de Alimentación Nacional. Soñemos que cada corregimiento del país pueda crear un Centro Comunitario de Alimentación, una tienda que venda exclusivamente artículos de la canasta básica, todos productos de nuestros agricultores a precios accesibles.

El proyecto alimentario tendría su base principal en la Presidencia, a través de la Secretaria Nacional de Coordinación y Seguimiento del Plan Alimentario Nacional (Senapan). El Instituto de Mercadeo Agropecuario proporcionaría los productos de la canasta básica a los centros de ventas.

Las ganancias de las tiendas serían para obras comunitarias locales, desarrolladas bajo la coordinación de los diputados y representantes de corregimiento del área.

Los efectos del proyecto serían positivos: aseguramos la alimentación de los panameños, fomentaremos y crearemos riqueza en el interior del país y tendríamos empleos agrícolas para dar esperanzas de una mejor vida a nuestros campesinos. Los precios de los artículos darían una equidad social, habría menos hambre o desnutrición. Respetaríamos a la empresa privada, porque solo venderíamos artículos de la canasta básica, además de que la administración de las tiendas sería PÚBLICA Y EFICIENTE.

La alimentación y servicios esenciales de un pueblo no pueden ser medidos con buenas intenciones o dejarse al libre albedrío, esa posición no es ética ni correcta políticamente. Los seres humanos no podemos ser una cifra más en la macroeconomía de un país, porque el hambre y la pobreza son realidades, no cifras.

ABOGADO