Ahora, a combatir la corrupción

La divulgación pública sobre la millonaria utilización de dineros asignados a los diputados de la República para gastos políticos y de campaña, ha dejado en evidencia la amplia corrupción desarrollada en la administración precedente. Pero ello, sin lugar a dudas, es solo la punta del iceberg de la corrupción institucionalizada en ese período y de lo cual se hace necesario exigir rendimiento de cuentas y sanciones a los funcionarios corruptos, sin distingos de posición o partido político a los que pertenezcan.

El nuevo gobierno se ha comprometido a investigar todas las irregularidades denunciadas y a exigir a las autoridades judiciales la imposición de las sanciones que correspondan. Ello, de por sí, inspira la confianza de los ciudadanos, que esperan que ‘ahora sí’ paguen sus culpas todos los corruptos.

No obstante, más que criticar por el mero hecho de hacerlo, nuestro interés es que nos sensibilicemos como ciudadanos de la problemática que representan para el país los escándalos de corrupción y el deterioro de la credibilidad de la clase política que nos puede gobernar.

Se trata, pues, de lograr un cambio de mentalidad en nuestros gobernantes, con el propósito de que hagan las cosas con transparencia y eficiencia, como norma de sus acciones diarias ante la sociedad. A fin de cuentas, eso es lo que se nos ha prometido. Los panameños debemos dejar de ver los actos de corrupción como hechos normales y aceptables de los gobiernos y políticos de turno y exigirles que las cosas se vayan a hacer bien.

La lucha contra la corrupción pública y privada empieza con el compromiso y el ejemplo personal de los gobernantes, adoptando y cumpliendo una estrategia dirigida a fortalecer las estructuras de combate a la corrupción, para su detección, corrección y erradicación, así como de inexorable castigo tanto a los corruptos como a los corruptores.

No basta con formular políticas públicas de prevención de la corrupción. Se hacen imprescindibles las de carácter correctivo y punitivo y la acción judicial en la materia, y que se evalúe la efectividad y los resultados de la implantación de esas políticas para prevenir la impunidad.

Un aspecto importante es implementar con eficacia la Ley de Carrera Administrativa y que los cargos públicos sean progresivamente ocupados con base a concurso de méritos y antecedentes profesionales. De igual manera, fortalecer la Carrera Diplomática. Fundamentalmente, designar profesionales diplomáticos en las posiciones de alto nivel del Servicio Exterior. Además, se hace necesario contar con una Ley General de Sueldos. Ésta, deberá prever que el salario mínimo también se aplique a los servidores públicos, y que los salarios se fijen por mérito y antigüedad.

No puede existir una política de transparencia y lucha contra la corrupción, sin la existencia de una Contraloría General de la República que garantice, con estricto apego a la Ley, la eficiencia y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos. Ello implica su absoluta independencia y su orientación a la transparencia, la modernización y la efectividad administrativa.

En cuanto al marco judicial, fortalecer las Fiscalías Anticorrupción, dotándolas del personal y los recursos necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de sus funciones, según los tipos penales a perseguir. Por su lado, el Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas, deben ser capaces de juzgar los delitos de cuello blanco y perseguir el enriquecimiento injustificado, para erradicar efectivamente los actos de corrupción gubernamental en general.

También debe existir una transparencia informativa, haciendo conocer los decretos, disposiciones, nombramientos, contrataciones, compras y alquileres del sector estatal, salvo las excepciones motivadas por los imperativos de seguridad nacional, sin justificar tras ella irregularidades administrativas. Se debe garantizar que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer el derecho y el deber de denunciar las corruptelas, no solo ante las autoridades pertinentes, sino también a través de buzones especiales que garanticen la confidencialidad de las denuncias.

La lucha contra la corrupción no es fácil, pero tampoco imposible. Es imperativo desmantelar la estructura paralela de sobrecostos y malos manejos en las contrataciones públicas, que atentan directamente contra la institucionalidad democrática. La ciudadanía exige que sus impuestos sean invertidos de manera transparente. Que la inversión realizada sea medible en beneficios colectivos, no personales.

No solo se trata de mejorar a nivel de vida de Panamá, sino de proyectar una imagen intachable internacionalmente, como un país con prácticas transparentes en su administración y gestión de recursos, como buen lugar para invertir y desarrollar proyectos que generen beneficios a la nación. Eso esperamos, del gobierno que acaba de iniciar.

ABOGADO