Derecho vs Ciencia...

En estas últimas semanas ha estado en el tapete el tema de los indultos otorgado por el exmandatario Ricardo Martinelli. Sectores de la sociedad civil y familiares de las víctimas cuyo autores aparecen como indultados, le han solicitado al presidente Juan Carlos Varela que derogue el Decreto Ejecutivo que contiene la gracia arriba mencionada.

Me veo en la necesidad de señalar que, en aras de la propia defensa de la institucionalidad, no veo viable que el presidente tenga el poder jurídico legal de echar para atrás en el sentido de derogar el Decreto de Marras. Que se haya hecho en el pasado, no justifica que se siga con esa practica. ‘Entre abogados te veréis’, reza un dicho popular, dando entender que cuando de interpretación de la ley se trata, así como abogados hay, así mismo es el abanico de opiniones. Precisamente esto es lo que da cuenta de la existencia y necesidad de los jueces y magistrados, que son los que tienen que decidir, la pertinencia o no de un acto o hecho que trasciende hacia lo legal y constitucional. Es precisamente en estos escenarios donde derecho y política se jalan los cabellos.

El distinguido jurista señala que el presidente, de acuerdo con una ley del 2000, puede derogar el Decreto Ejecutivo que contiene la gracia constitucional de los indultos. Disentimos de tal opinión, porque no estamos frente a un mero acto administrativo, sino frente a un acto de naturaleza constitucional y político, para la cual la única competente para decidir si tal Decreto Ejecutivo rebasó la muralla constitucional, dado que se realizó yendo más allá de lo que el mandato constitucional señala en materia de indultos.

Solicitarle al presidente que derogue la normativa que contiene tales indultos, se aproxima más a una petición política que jurídica, que no ayuda a la vigencia de un buen desenvolvimiento del Estado de Derecho. Pienso que desde las perspectiva axiológica y formalista del Derecho, no veo a ningún magistrado sosteniendo la constitucionalidad del decreto mencionado. Entiendo y me sumo a la preocupación de los que sostienen que es viable la derogación vía Ejecutivo. No hay confianza en la justicia panameña, pero eso no es excusa para implementar la senda de la inconstitucionalidad.

El sistema de justicia hay que ponerlo a prueba todos los días. O recupera su legitimidad societal o continuará siendo sujeto y objeto del avizor ojo ciudadano.

ABOGADO