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28 de Oct de 2020

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Genaro López

Columnistas

Qué pasa con la luz

En el año 2010, según datos de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), la capacidad instalada se distribuía en 47.3 % térmica

Hasta ahora, el modelo energético panameño se ha correspondido con los intereses de los grupos de poder económico en asocio con las grandes corporaciones internacionales que controlan el mercado de la energía en el mundo. Aún cuando se reconoce que el cambio climático tiene efectos negativos, produciendo estaciones secas y lluviosas más intensas, lo cual afecta la generación de las hidroeléctricas, paradójicamente el sector privado y gubernamental promueven más hidroeléctricas, para atender una demanda creciente y so pretexto de reducir precios.

En el año 2010, según datos de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), la capacidad instalada se distribuía en 47.3 % térmica y 52.7 % hidráulica; y en el año 2012, había cambiado a 39.4 % térmica y 61.6 % de fuentes hídricas. Sin embargo, el precio de la energía no se redujo. En el 2013, aumentó y aumentará este año. La supuesta energía más barata ha sido, como en muchas otras cosas, solo un argumento para justificar las hidroeléctricas.

Bajo el supuesto de que el consumidor no asuma la pesada carga se han otorgado dos niveles de subsidios: el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) en 2004, al cual el Estado ha pagado más de mil millones de dólares y en el 2011 el Fondo de Compensación Energética, que busca igualar a las empresas distribuidoras de energía, por los montos dejados de percibir a través de la actualización de las tarifas eléctricas. En la práctica, lo que se ha hecho es una transferencia de divisas que garantizan a las empresas (EDEMET, EDECHI y ENSA) ganancias extraordinarias.

Como se ve, toda la información de quienes deben ser responsables del tema energético ha sido engañosa, pero, sobre todo, no menciona para nada las causas del problema: el modelo económico basado en el consumismo y el derroche de energía. Así, el consumo comercial corresponde al 44 %; el crecimiento inmobiliario, por ejemplo, de grandes edificios, centros comerciales (malls) y hoteles, a los cuales no se les exige ninguna norma energética (paneles solares obligatorios en las azoteas, p.ej.), los cuales son altamente consumidores de energía. El desarrollo de macroproyectos mineros, grandes consumidores de energía y agua, continúan apoyándose. Es un modelo económico derrochador de energía, donde impera la ambición de hacer ganancias a cualquier costo, aún sacrificando las fuentes de agua y la gente.

Los estudios de demanda futura de energía se han basado en el supuesto de que la economía continuará creciendo bajo el mismo esquema neoliberal que hasta ahora ha imperado. Ningún gobierno se ha planteado, como política, cambiar los patrones de consumo energético, lo cual supone, también, cambiar las bases del crecimiento económico.

La política energética de la partidocracia, se ha basado en el hacer negocios. El desarrollo de los proyectos hidroeléctricos no se inscribe en un plan integral de uso de la cuenca hidrográfica, cuestión esencial para la sostenibilidad del recurso. Tampoco existe un plan de eficiencia energética, complemento importante. Por último, la política de subsidios ha beneficiado a las empresas transnacionales, las cuales aumentan regularmente los precios para garantizar sus márgenes de ganancia.

La privatización del sector eléctrico también implicó otros problemas. Se ha debilitado la institucionalidad gubernamental, capaz de tener incidencia. Aún cuando el Estado tiene el 100 % de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) y el 49 % de las empresas distribuidoras, el Contrato firmado por el gobierno del PRD, de Pérez Balladares, le concedió la administración y toma de decisiones a las empresas transnacionales.

El gobierno saliente de Martinelli dejó en el tapete un nuevo aumento tarifario que debió entrar en rigor el uno de julio, el cual ronda el 23 %. El gobierno entrante de Juan Carlos Varela, para atender el problema asume las mismas prácticas que sus antecesores: respetar seguridad jurídica de las empresas (es decir, sus ganancias extraordinarias), reducir los subsidios a un segmento de la población, aumentar tarifas.

Resolver el problema energético en el país, demanda un nuevo enfoque de crecimiento económico, plantea la necesidad de una política energética que responda al modelo económico sostenible, que prioriza la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, que respete los ecosistemas, construya y fortalezca nuestra soberanía.

SINDICALISTA