Se prometió una política integral de seguridad

Se cumplen en la fecha tres meses de gobierno. Ya se oyen quejas por la ausencia que se percibe de una lucha integral contra la delincuencia; pero hay quienes opinan que, en corto tiempo, se ha hecho lo posible. Comparto el criterio de los primeros, aunque podríamos todavía conceder un razonable compás de espera mientras las autoridades, con el apoyo ciudadano, elaboran un sistema coherente.

Pero es innegable que ni la madre de un joven abaleado ni el transportista víctima de un atraco ni el ciudadano agredido a la luz del día, encontrarán consuelo en frías cifras que reflejen una disminución en la cuantía de esos y otros tantos delitos.

Hace falta un plan integral, como fue prometido por todas las candidaturas, que contendría estrategias y medidas que, bajo el liderazgo del Gobierno y con participación ciudadana, deberían ejecutarse para combatir este flagelo en coordinación y con éxito. Es responsabilidad de todos.

Las propuestas presentadas durante la última campaña electoral coincidieron en reconocer la gravedad del problema. No tenían alternativa posible. Cada una planteó sus estrategias con diferentes grados de precisión, pero, al final de cuentas, se repitieron fórmulas parecidas.

Una de ellas, denunciando un aumento vertiginoso en la delincuencia en cuatro años, planteaba la batalla en tres vertientes: prevención, certeza del castigo y resocialización. Otro plan esbozaba la necesidad de asegurar un ‘PANAMÁ MÁS SEGURO’, con medidas de prevención, control, rehabilitación y reinserción, mejorando la Estrategia Nacional de Seguridad existente. Un tercero, para enfrentar las nuevas tendencias de la criminalidad local e internacional, predicaba también medidas de prevención, control y sanción, y ofrecía un ‘PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE BARRIOS SEGUROS CON MÁS OPORTUNIDADES Y MANO FIRME’, como parte de una Estrategia Integral de Seguridad Pública elaborada en conjunto con la sociedad civil y el sector privado. Una cuarta propuesta también se refería a la prevención y a la reestructuración del sistema penitenciario, enfatizando la necesidad de fortalecer la institución de la familia y el respeto a los derechos humanos, junto a la necesidad de solucionar la falta de empleo, la deficiente educación y las viviendas de baja calidad.

Todas las propuestas electorales coincidían en la urgencia del problema y en las medidas a tomar. Hoy, los ciudadanos, desde el más encumbrado hasta el de a pie, reclaman del Gobierno con urgencia acciones y resultados concretos. A diario se observa un panorama deprimente, nada alentador: los delincuentes ya osan atacar de frente a elementos de la policía y retarlos a tiros; desde los centros penitenciarios se ordenan actividades criminales y los menores, abusando de su estatus privilegiado, se constituyen en ejecutores de horrendos crímenes; los sicarios ofrecen sus servicios por una nimiedad y ya casi nos acostumbramos a ver noticias diarias con fotos de escenas espeluznantes. Las madres lloran a sus hijos, los hermanos a sus hermanos, los vecinos a sus amigos. Es la preocupante y triste realidad.

No podemos achacar toda la responsabilidad a los organismos de seguridad; se desempeñan con valentía, desempeñando un trabajo peligroso, digno de reconocimiento. Pero otros estamentos del Estado deben participar aportando los métodos y herramientas que les asignan sus leyes. El Ejecutivo, la Asamblea, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, con la sociedad civil y el sector privado, unidos en un haz de voluntades y de acciones, elevarían la solución del problema al nivel que, entre lágrimas y dolor, exige el pueblo. A la Asamblea le corresponde, por ejemplo, consultar y aprobar medidas eficientes que eliminen la impunidad y enfaticen la resocialización, en lugar de entretenerse en intrascendentes discusiones sobre sancochos y cutarras.

EXDIPUTADA