La inseguridad ataca a la democracia

Ya a nadie le resulta ni extraño ni difícil de comprender que la delincuencia y la violencia son el resultado de múltiples causas y efectos que perjudican, gravemente, la convivencia pacífica, el arraigo de la Democracia y el Estado de derecho, el disfrute de los DDHH y garantías constitucionales en nuestro país, así como el desarrollo económico de nuestro pueblo.

En el diagnóstico del problema, Panamá ha identificado como sus factores críticos generadores: La incapacidad de retención del sistema escolar; la exclusión de grandes sectores de población del goce de derechos y beneficios sociales básicos; el crimen organizado, dentro del cual destacan el narcotráfico y la trata de personas; la violencia doméstica; la proliferación y fácil disponibilidad de armas de fuego, entre otros.

Junto a estos factores, se evidencia la debilidad institucional del Estado para prevenir la delincuencia y la criminalidad de manera integral, de la misma forma en que, ahora, interviene coercitivamente de manera agresiva para reprimirla. Los agentes causales de violencia insisten en incrementar su capacidad de penetración, influencia y dominio social.

El narcotráfico en particular, es el factor principal que está detrás de gran parte de la violencia que nos afecta. Después de más de dos décadas de lucha contra el mismo, cabe preguntarse si este flagelo representa ahora una menor o una mayor amenaza para nuestra institucionalidad democrática, y si las actividades ilegales que le son conexas causan menos daños a la población en términos cuantitativos y cualitativos. Igualmente, si las drogas están hoy más al alcance de la población o no y si, en definitiva, existe una mejor y mayor conciencia y control sobre el perjuicio personal que causa el consumo de drogas a los ciudadanos, y si se ha reducido significativamente o no.

Estas interrogantes son válidas hoy para todos los países, y ya no son aplicables exclusivamente en función de la visión trilateral de países productores, países de tránsito y países consumidores. Por supuesto, no pretendemos soslayar la corresponsabilidad de países con mayores concentraciones de consumidores con recursos económicos para pagar el consumo de las drogas.

Nuestra sociedad experimenta un creciente grado de afectación, porque la introducción del narcotráfico ha producido oferta y demanda. Y cada vez más, penetra y vulnera la economía formal, las instituciones de seguridad, las de administración de justicia y procura comprar al aparato político que da sostén a la vida en democracia. Hoy se paga con drogas, dinero y armas a las pandillas que apoyan los esfuerzos del narcotráfico en nuestro país. También se incrementa la posibilidad de que se financien campañas electorales e instalen, a su favor, funcionarios de elección popular.

Nuestras autoridades policiales se esfuerzan por evitar que toneladas de drogas sean traficadas a través de nuestros espacios ter ritoriales. De manera progresiva, batallan por reducir el impacto destructor de la creciente parte que se está quedando en el país. Desde esta perspectiva, Panamá ha planteado su decisión de perseguir al crimen organizado, mientras persevera en articular una estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia en el país.

Se requiere asignar recursos presupuestarios en la adquisición de equipo y tecnología para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional, hoy bajo el mando de un policía profesional. La Institución está realizando ingentes esfuerzos para enfrentar la criminalidad y dentro de ésta, el narcotráfico y delitos asociados. Ha tenido importantes avances, particularmente en la represión y persecución de delincuentes, aún con mucho por hacer. También por parte del Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, que exhiben importantes éxitos en sus misiones de seguridad nacional y cautelación de drogas y detención de traficantes.

Ahora, todas las instituciones de seguridad están bajo dirección de profesionales en la materia, demostrando una mayor efectividad policial. No obstante, éxitos solo serán posibles con políticas, estrategias y decisiones operativas de seguridad, propuestas y dirigidas por el Ministerio de Seguridad sobre una base integral, multidimensional y de amplia participación institucional y ciudadana. El Plan Barrios Seguros con más oportunidades y Mano Firme serán críticamente evaluados en sus reales resultados, no por estadísticas, por el pueblo panameño.

El escenario actual reclama una amplia visión integral de aspectos, dada la evidente fortaleza del crimen organizado en nuestro país. Ello presupone incrementar la presencia policial comunitaria en los barrios, así como la certeza del castigo a infractores, mediante la correcta administración de justicia y el proceso de rehabilitación realizado por un sistema penitenciario eficaz. Ese es el gran reto del país.

ABOGADO