La corrupción es enfermedad contagiosa

El virus, incubado en varios despachos públicos, ha resistido hasta ahora los inocuos remedios que le han aplicado. O fingido aplicar. Ha infectado a quienes llegan a ocupar puestos públicos, a pesar de las sopeteadas promesas de que permanecerían incólumes e intachables. Los hay peores: quienes, con malicia, diluyen controles para que el virus se alimente y crezca con mayor virulencia.

De manera especial en el último cuarto de siglo desde la invasión, coincidiendo con el renacer de nuestra democracia, el aprovecharse indebidamente de puestos públicos ha sido, con demasiada frecuencia, moneda de curso forzoso. Reales o percibidos, cuestionamientos y suspicacias no han faltado desde el deshonroso Club La Llave, el discreto maletín recostado bajo la mesa de un restaurante, el congelador repleto de papeles no comestibles y el CEMIS, una cinta costera rebautizada ‘coimera' y, últimamente, todo eso elevado a la enésima potencia. Como burla al ciudadano, todavía resuenan las engañosas campañas que prometían ‘0 Corrupción' o que permitirían ‘meter la pata, pero no la mano'.

El virus se ataca hoy por dos vertientes: la sanción a quienes se investiga por haber desviado descaradamente dineros públicos, con el recobro de esos dineros más intereses y multas incluidas; y las medidas inmediatas para impedir la recurrencia de esas trampas.

El Ministerio Público es responsable de llevar ante la justicia a quienes, después de una escrupulosa investigación, resulten responsables de tantos atracos; pero la cantidad y calidad de los delitos investigados requiere contar con mayores recursos técnicos especializados y suficientes partidas presupuestarias que le permitan desempeñar su función como aspira el pueblo panameño. Nadie quiere que las investigaciones terminen en fracasos técnicos por la falta de recursos necesarios.

De manera paralela, es necesario cerrar de inmediato las brechas y fisuras que puedan permitir que se repitan los mismos abusos por negligencia, ignorancia o falta de experiencia de los actuales funcionarios. La Contraloría General, como entidad fiscalizadora de nuestros impuestos, tiene la responsabilidad primaria de cerrar cualquier brecha por donde se puedan colar prácticas malsanas.

En ambas vertientes no debe terminar todo: existe otra, con un horizonte más lejano. El manejo irregular descubierto ha sido tan organizado y difundido en tantas actividades de Gobierno —calificado como una real organización para delinquir— que una solución integral adecuada no debería ser función exclusiva de entidades que tienen responsabilidades propias que reclaman su atención en el normal acontecer diario. Estimamos que se requiere dedicación exclusiva para recomendar soluciones que integren una gama de aspectos como economía, finanzas, ingeniería, administración de proyectos, requisitos éticos concretos, transparencia, buenas prácticas de conducta, sentido común, buen juicio, sentido de solidaridad, responsabilidad en el manejo de asuntos ajenos, inteligencia emocional, honradez comprobada, etcétera.

Podría ser oportuno designar un reducido panel —no lo llamaría ‘comisión', porque es un concepto desacreditado entre nosotros— de personas honorables, para analizar todos los sonados casos de corrupción en los últimos años y proponer las medidas más severas que cierren las puertas, ventanas o rendijas por donde pueden colarse las malas prácticas descubiertas.

Mediante ley especial facultaría al panel para investigar y recabar toda la información que estime pertinente en todos los procesos gubernamentales, salvo los relativos a la seguridad nacional o a las relaciones exteriores. Incluiría la posibilidad de obtener asesoramiento de países con menor incidencia de corrupción, como Suecia, Dinamarca y Finlandia.

Y aprovecharía la oportunidad para incorporar algunas de esas recomendaciones a las próximas reformas constitucionales. Necesitamos hacer lo que hasta ahora no se ha hecho realmente: aplicar vacunas que nos fortalezcan contra el contagio y antibióticos que lo curen cuando ya se ha contagiado.

EXDIPUTADA