Suenan alarmas en el centro bancario

Un banco estatal reiteradamente aceptó, sin exigir explicaciones, depósitos en efectivo por sumas que excedían el límite aceptable sin necesidad de informarlos a organismos oficiales de vigilancia. Otro banco estatal otorgó préstamos millonarios aceptando en garantía, sin el conocimiento de los condóminos, una hipoteca sobre bienes comunes de un edificio residencial. Un banco privado aceptó depósitos de cheques millonarios emitidos por una entidad oficial a favor de quien era, a su vez, funcionario de esa misma entidad. Un accionista de una sociedad mercantil, que era funcionario con poder suficiente para ordenar medidas que beneficiaran a su empresa y, en consecuencia, aumentaran el valor de sus acciones, manipuló en tal forma el precio de la acción que logró adquirirlas a un ínfimo precio para luego venderlas con sustancial ganancia.

Prácticas como esas habrían estado infringiendo en forma habitual disposiciones legales que debieron aplicarse sin contemplaciones para impedirlas. ¿Dónde estaban los fiscalizadores del sistema bancario y de valores? Su silencio resulta ensordecedor; negó protección, entre otros, a los confiados 22 000 cuentahabientes que hoy reclaman sus dineros de un banco en particular. Pero también ha puesto en duda la eficacia y seriedad de las autoridades encargadas de vigilar las actividades propias del centro financiero internacional. Eso no es bueno para el país.

Abrir y operar un banco es asunto para tomarse con toda responsabilidad. El Estado, protector del patrimonio de sus ciudadanos, debe velar porque ni el sistema bancario ni el financiero puedan quedar en manos de gente capaz de manipular sin controles los hilos del poder en beneficio propio, arriesgando así los dineros de personas que son invitadas a colocar sus ahorros en sus bancos o invertirlos en acciones. Ninguna empresa bancaria o de valores puede, sin cumplir estrictos requisitos, abrir sus puertas al público y hacer invitaciones públicas a los ciudadanos para que les confíen sus ahorros o participen en sus inversiones. Las autoridades deben garantizarnos el buen gobierno interno y la seguridad de que siempre se ejercerá un estricto cuidado en el manejo de los dineros que les han confiado.

Ayer se sospechaba —y hoy se comprueba— que la vigilancia que se ha debido ejercer sobre muchas de estas sensitivas actividades resultó inexistente o dejó mucho que desear. Afortunadamente el pecado no ha sido de todas las entidades bancarias o las casas de valores. Justo resaltar que la mayoría de ellas ha sido aparentemente fiel cumplidora de sus responsabilidades, que muchas veces a muchos nos han parecido exageradas. Pero lo que ha quedado al descubierto no resulta nada positivo para el centro bancario ni para el financiero, porque ha demostrado el débil carácter de las instituciones que eran llamadas a ofrecerle integridad al ahorrista. Su actitud permisiva puso en entredicho el sistema en un momento determinado.

Todavía falta mucho por investigar, descubrir y por sancionar, porque la danza de los millones ha sido muy extendida y se ha paseado libremente a partir de la cuenta del Tesoro hasta las cuentas bancarias de algunos bancos. Los oficiales de cumplimiento de esos bancos, sus gerentes y la Unidad de Análisis Financiero deben responder sobre su inacción frente a esas prácticas irregulares que apuntaban al blanqueo de capitales, corrupción, coimas y peculados.

Y, lo más importante: todo debe hacerse del conocimiento público, no solo para reiterar la confianza en los bancos que permanezcan en el sistema, sino porque muchos han sido estafados en una forma u otra. Sanciones similares son ampliamente divulgadas en países desarrollados sin consecuencias perjudiciales; no podemos ser la excepción. Es la única forma de acallar las alarmas que han sonado.

EXDIPUTADA

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‘... todo debe hacerse del conocimiento público, no solo para reiterar la confianza en los bancos..., sino porque muchos han sido estafados en una forma u otra'