Conflicto de poderes

La justicia guatemalteca ha tenido en las últimas semanas un verdadero reto ocasionado por el proceso del ahora expresidente Otto Pérez Molina. Él ha renunciado a su posición de mandatario y se le dictó prisión preventiva, mientras se ventilan las acusaciones por vínculos con la corrupción. En este caso, tanto la Corte Suprema de ese país como la Asamblea aplicaron las disposiciones para hacer efectivo el encausamiento en apego a las normas.

Quien haya seguido estos eventos en el contexto de la política de esta nación centroamericana, se asombra del desenlace que tiene hasta ahora cada una de las etapas y en especial, conocer que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, están entre rejas. La historia del país, hace pensar que semejantes conclusiones jurí dicas, serían impensables en otra época.

A partir del golpe que sacó del poder a un Gobierno revolucionario en la década de los años cincuenta en el siglo pasado, se ha vivido una intensa lucha social y sobre todo, un encarnizado conflicto entre los sectores empresariales y los militares para establecer un sistema que satisfaga el proyecto que beneficie sus intereses. El sello evidente en este panorama fue reducir o eliminar cualquier signo de organización y participación popular.

Este escenario produjo dos resultados claros. Por un lado, la inestabilidad política donde militares han sacado del poder a varios presidentes —recordar iniciativa de Efraín Ríos Montt con Romeo Lucas García— y la descomposición socioeconómica de una cultura fragmentada con más de cincuenta grupos lingüísticos, diseminados en una irregular geografía donde reina la pobreza extrema y una alta vulnerabilidad.

Todo el final del siglo XX y el inicio de la presente centuria, el pueblo y las instituciones, tanto gubernamentales como las organizaciones que buscan una opción de desarrollo a la población, se han visto inmersas en una batalla, en algunas ocasiones ruidosas y en otras subyacente donde los atentados, secuestros, desapariciones, criminalidad han logrado aplastar cualquier esfuerzo que buscara el cambio.

Durante el periodo de las guerras centroamericanas —El Salvador, Honduras y Nicaragua—, en Guatemala hubo una callada batalla interna, no declarada con un saldo de más de cien mil muertes que no fueron divulgadas con la resonancia del resto de la convulsionada región. Hubo escuadrones secretos (recordar la Mano Blanca y MANO), bandas y el propio ejército que se encargaron de controlar una crisis estructural, poco difundida hacia afuera.

Gracias a un pacto de los diferentes sectores en pugna, luego de sangrientos episodios contra el sector rural y la población indígena, se inicia una supuesta etapa de democratización, pero sin ninguna muestra de fortalecimiento de sus instituciones como los partidos políticos, sino un prolongado enfrentamiento entre diferentes facciones económicas. El resultado de este duelo es la imposibilidad de culminación de las administraciones.

De allí, los inconclusos destinos de los Gobiernos de Lucas García, Ríos Montt, Serrano Elías y los procesos de Portillo y ahora con Pérez Molina. En estos últimos casos, se ha hecho evidente la fortaleza de los poderes establecidos y su capacidad para enfrentar las contingencias, producto de más de cincuenta años de inseguridad, de asalto al Estado y de reducción de capacidades y pauperismo de su población civil.

Los acontecimientos alrededor de la gestión de Pérez Molina y una ascendente y tímida pero valiente presión popular de los ciudadanos, hacen pensar que se está en el umbral de esa tendencia continental de cambio en las coordenadas ideológicas, pese al impacto de la influencia estadounidense.

El futuro determinará si la sociedad guatemalteca ha alcanzado el nivel de conciencia que posibilitará el predominio de una razón que expulse de esta tierra de volcanes y lagos la desigualdad, la corrupción y la falta de responsabilidad de los actores y líderes políticos hacia sus sociedades. Ya es hora.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.