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21 de Jan de 2020

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Mireya Lasso

Columnistas

El presupuesto proyectado para el 2016

Muchas protestas se escuchan de diferentes sectores: diputados, directores de entidades, sociedad civil

Vivimos en estas semanas una experiencia que se repite cada año cuando se discute la propuesta de asignación de recursos públicos a los diferentes programas del Gobierno nacional para el siguiente año. Después que el Consejo de Gabinete analiza y depura las recomendaciones que surgen de meses de trabajo en el Ministerio de Economía, y las somete a finales de julio al escrutinio de la Asamblea Nacional, toca pasar el filtro del órgano político por excelencia.

Es natural que cada diputado tenga una visión típicamente corta y esté pendiente en tratar de asegurar recursos para sus propios circuitos electorales, en lugar de preocuparse por apuntar a los más amplios objetivos nacionales que se proponen. Y también es natural que, tanto las entidades públicas que no son miembros del Gabinete como el resto de la opinión pública, nos sintamos con derecho ciudadano a cuestionar las prioridades fijadas en el proyecto presentado.

Pero ese cuestionamiento debe hacerse con pleno conocimiento de las circunstancias que rodean las finanzas públicas hoy día, de las limitaciones que existen y de las repercusiones dentro y fuera del país que puedan provocar decisiones equivocadas. No se trata de disponer irresponsablemente de dineros, a tutiplén, sin tomar en consideración los peligros que un excesivo desembolso de fondos inexistentes podría significar para todos. Un presupuesto es un instrumento que le da ‘garras' a los planes y programas del Gobierno para que esos conceptos dejen de ser intenciones vacuas. Allí se consignan los proyectos escogidos para llevarse a cabo.

Pero debemos partir de una base objetiva: ¿Con cuánto dinero contamos realmente? Como en cualquier familia o empresa, de nada valen castillos en el aire. Corresponde ser realistas.

El Proyecto de Ley No. 225, que discute la Comisión de Presupuesto, parte de la estimación oficial de ingresos para 2016: los ingresos corrientes ascenderán a B/.13 555.0 millones, asumiendo que la economía de Panamá crezca a un 6.5 %, crecimiento que también lo prevé el FMI. Los economistas podrán estar o no de acuerdo y lo podrán debatir.

De otro lado, se fijan en B/.11 184.7 millones los gastos corrientes, previendo así un superávit que arrojaría cerca de B/.2370.3 millones en ahorros propios, para ser destinados a obras y otras inversiones públicas. Los fondos así ahorrados disminuirán la necesidad de mayor endeudamiento innecesario, como hizo la pasada administración.

La porción de ese endeudamiento adicional es lo que los diputados en 2008 limitamos, mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal, al 1.5 % del PIB. En el 2014 ya rondaba por el 4.1 % y en el presente año se planea disminuir al 3.7 %. El límite de 1.5 % es la meta que retoma el proyecto de Presupuesto 2016, lo que indudablemente es una política prudente para comenzar a enderezar unas maltratadas finanzas públicas. Mantenernos dentro de esos límites garantizará nuestra calificación de riesgo-país y que los intereses aplicables a todos los préstamos a Panamá —públicos y privados— no serán excesivos, como en otros países conocidos del continente.

Muchas protestas se escuchan de diferentes sectores: diputados, directores de entidades, sociedad civil; todos protestan por la limitación de recursos solicitados. Es natural, pero la alternativa no es incrementar la deuda pública ni elevar arbitrariamente los ingresos proyectados, aumento que no sucederá. Por Constitución, la Asamblea no puede aumentar los ingresos; los diputados solo pueden devolver el Proyecto de Presupuesto al Gabinete para que reformule prioridades, si lo estima conveniente. Es una sana medida de control, porque no solo se trata de satisfacer legítimos intereses políticos, sino de un arma que, bien utilizada, según nuestras posibilidades, ayudará al desarrollo integral de todos los ciudadanos.

EXDIPUTADA