A los oídos del Ministerio de Trabajo

A lgunos empresarios se preguntan sobre el porqué hay un Código de Trabajo; sostienen que su existencia entorpece el ritmo de sus negocios; diría yo, el ritmo salvaje de algunos. Planteo algunas situaciones que se dan en donde se demuestra que, no solo requerimos de un Código de Trabajo que se aplique, sino también de un Ministerio de Trabajo que exija su cumplimiento y sancione severamente a quienes evaden sus normas. Como no tengo autoridad para imponer orden, dejo estas preguntas para que quienes sí la tienen, las respondan.

1. Los Santizo son una familia indígena. Solo labora durante la cosecha de café en Boquete. Se hospedan durante ese tiempo en galeras de mala muerte casi en el centro de la turística población; allí se da todo tipo de irregularidades con borrachos y promiscuidad. ¿Habrá alguna vez el Ministerio de Trabajo verificado la condición de estos trabajadores temporales? O ¿determinado si los menores Santizo también recogen el preciado grano, violando todo tipo de normativa laboral? ¿Y si tienen las prestaciones legales? ¿Habrá multado a los caficultores que incurren en estas faltas?

2. Juana Peña es una nicaragüense que llegó a trabajar en Panamá como doméstica. No tiene papeles, pero la contrató una familia de clase media alta por anuncio en los periódicos. Le pagaban B/350 al mes, y laboraba casi 12 horas al día, sin seguro social por supuesto; a regañadientes le daban el décimo y días libres. Un buen día, en su trabajo, resbaló y se cayó. Al Santo Tomás fue a dar y su ‘buena patrona ' le descontó lo que costó su atención. Como quedó golpeada en un brazo, quedó incapacitada: por supuesto ya no le era útil a su patrona y no regresó a trabajar. ¿Quién se ocupa de ella, si carece de todo tipo de protección legal? ¿La patrona que la contrató? De ser así, ¿quién la obligará a asumir esa responsabilidad? ¿Adónde pueden acudir personas así abusadas?

3. Santiago es un niño de 14 años que recoge paquetes en el Supermercado Riba Smith de Multiplaza. Llega allí a las 12 del día y se retira casi a las 9 de la noche. No le pagan salario alguno y menos prestaciones, como ocurre con todos los empacadores. Sin embargo, está a disposición de cajeras y otro personal del local para lo que ellos quieren que él haga; gratuitamente y a veces hasta soportando malos tratos. O sea, hay subordinación jurídica, condición esencial para que exista relación laboral. Pero Santiago solo vive de las propinas que le dan por empacar y llevar los paquetes donde le pidan. ¿Es eso legal? Si Santiago se resbala y tiene un accidente, hasta allí llegó la fuente de ingresos del muchacho, simplemente porque no tiene ninguna protección legal. ¿Es eso justo? ¿Se ocupará el Ministerio de los empacadores en los supermercados?

4. BRaiz, S.A. es una ‘prestigiosa ' empresa que vende costosos apartamentos, con muchos vendedores con título universitario. Les disfraza el ‘salario ' como adelanto de comisiones, por lo que no pagan seguro social ni nada de prestaciones laborales. Es una de ésas que se llenan la boca con decir que son de ‘responsabilidad social '; de las que donan todos los años a la Teletón 25 000 palos, los cuales deducen de sus impuestos. Lo que no se sabe es que para llegar a esa suma obligan a vendedores y trabajadores de planta con salario mínimo a donar ‘voluntariamente ' parte de sus emolumentos para ese propósito. ¿Es esto común en Panamá? ¿Quién le pone freno a estos abusos? ¿Tendrá el Ministerio de Trabajo algún lugar donde denunciar este tipo de anomalías?

5. Por último, es trágica la suerte de muchos ilegales que consiguen trabajo en Panamá. Cierto que no deben ellos trabajar, pero más cierto es que quienes los contratan también cometen un ilícito; doble, porque abusan de ellos. Al no ser legales, se someten cuales esclavos al dueño, a quienes no denuncian por temor a perder sus ingresos de subsistencia. Carecen de prestaciones; les pagan por debajo del mínimo. ¿Hará algo por ellos el Ministerio de Trabajo en un país donde hay tantos ilegales laborando sin tener permiso de trabajo?

Como estas situaciones de seguro habrá más. Creo en la justicia social, pero no solo en la planteada en un papel donde está escrito el Código de Trabajo, sino en los hechos de autoridades que vigilen cómo tratan a panameños y extranjeros como lo ordena la Constitución Nacional: sin fuero ni privilegio alguno y sin distinción de raza, condición social y religión. Hay que ir más allá de la letra del Código de Trabajo.

ABOGADO Y POLÍTICO.