Las universidades y el “Plan Panamá 2030”

En el informe a la nación, el 2 de enero de 2016, el presidente Juan Carlos Varela convocó a todas las fuerzas políticas y sociales para que a través de la Concertación Nacional para el Desarrollo se inicie el diálogo para la adopción de un ‘Plan Estratégico Nacional con visión de Estado, Panamá 2030‘. Esto en el marco de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados, en el 2015, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los cuales está referido a la calidad de la educación.

Es una iniciativa de la cual no deben estar ausentes las universidades oficiales, menos la Universidad de Panamá, sobre todo por todo aquello del financiamiento de la educación superior pública, como área estratégica y esencial para el país. Pero que además materializa una de las visiones de los objetivos sostenibles. Aquella que establece que la población merece una ‘educación de calidad'. Y la calidad tiene sus costos. Ya antes, en el foro de los rectores de las América (recordar la VII Cumbre), el mismo presidente Varela convocó a sus homólogos a asumir compromisos con la educación superior en la región.

La propuesta de un plan de esa naturaleza, que busque desarrollar al país, de generar calidad de vida, de superar la pobreza y que reduzca desigualdades, de potenciar las inversiones aprovechando las oportunidades de nuestra geografía, quedaría incompleto y poco eficaz si no se aborda en él, y con la profundidad del caso, el futuro de nuestras universidades y la necesidad de definir políticas públicas que permitan a éstas preparar a los panameños para los retos que imponen los mercados profesionales.

La convocatoria para consensuar una estrategia, en la que no debe quedar excluida la academia, deberá favorecer una propuesta dirigida a garantizar el incremento de las finanzas de las instituciones universitarias oficiales, pero sobre todo la sostenibilidad de ese incremento. Esto sería, en el buen sentido de la palabra, implantar buenas políticas para el país al tenor de lo sugerido por las Naciones Unidas.

Si bien, como hemos sugerido antes, el mecanismo más viable para fortalecer la academia sería a través de una norma constitucional. Nada impide que esa misma meta la encontremos a través de un plan concertado como lo supone el Gobierno Nacional. Hasta la fecha ninguna constitución, ni las reformas de 1978, 1983, 1994 y 2005, han incluido el incremento sostenido de los presupuestos de las universidades. A nivel de ley se dio un avance que después se desvanece. Se estableció en la Ley 11 de 1981, que ‘las partidas de funcionamiento no podían ser inferiores al monto del año anterior'. Sin embargo, en fallo de la Corte Suprema de Justicia (9-8-2000) se declara inconstitucional el artículo 63 de esta Ley.

La visión de Estado para el 2030 exige luces largas. Las universidades necesitan ser tratadas como pilares estratégicos para el desarrollo; es imperativo su correcta ubicación dentro de los presupuestos del Gobierno Central. Por esto, debemos ir en la búsqueda del consenso universitario, primero, y la comprensión de los sectores de poder y sociales, después, para que del esfuerzo concertado (si es que esto se da) surja una política pública visionaria que valorice la materia financiera (y su sostenibilidad) de las Universidades oficiales; que haya garantía para que a la educación superior se le otorgue los recursos que merece y que necesita.

DOCENTE UNIVERSITARIO