24 de Feb de 2020

Demetrio Olaciregui Q.

Columnistas

Quién defiende al Canal

Esos puntos de vista pueden ser acertados o, en otros casos, quedar solo como la opinión de un periodista deportivo

Quién defiende al Canal
Quién defiende al Canal

Con el paso del tiempo se ha hecho célebre el programa de Juan Carlos Tapia, Lo Mejor del Boxeo, porque conjuga lo más destacado del rudo deporte con comentarios, principalmente políticos, en los que expresa libremente su opinión. Depende de cómo se los analice o del efecto que causen en la opinión pública, esos puntos de vista pueden ser acertados o, en otros casos, quedar solo como la opinión de un periodista deportivo.

En uno de sus recientes programas, Tapia enfocó sus comentarios, como lo ha hecho en el pasado, en un tema sensible y emocionalmente impactante para todo panameño, como lo es la ampliación del Canal. En esta ocasión no solo cuestionó lo actuado en los trabajos que se realizan, sino que descalificó a los actuales directivos de la Administración del Canal de Panamá (ACP), los directivos anteriores y las decisiones tomadas a lo largo de los últimos seis años.

Sin duda que hubo quienes estuvieron de acuerdo con los pronunciamientos de Tapia, pero de seguro un buen número de ciudadanos no compartió esas opiniones.

Al analizar el contenido de lo dicho por Tapia, cabe preguntarse cuál es el propósito de poner en duda la gestión de quienes están al frente de las operaciones para que Panamá cuente con un nuevo Canal, tan esperado por la industria y el comercio marítimo mundial. Además de los importantes efectos que tendrá sobre la economía y los múltiples beneficios que traerá aparejados para el país en términos de conectividad y desarrollo logístico de alcance global.

Hubo tres proponentes precalificados para la construcción de las tres nuevas esclusas para el Canal. En cifras, el consorcio Sacyr-Impregilo-Jan de Nul, que conformó el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), hizo una propuesta por $3,118 millones, Bechtel-Mitsubishi-Taisei por $4,186 millones y ACS-Acciona-FCC por $5,981 millones.

Bajo las reglas de la libre oferta y demanda, si una empresa es precalificada y ofrece un precio bajo, pero bien asegurado, y lo ratifica, la opción es aceptárselo. No cabe, entonces, cuestionarse la decisión de la ACP de otorgarle la ejecución de la obra al menor postor. En el caso hipotético de que se hubiese otorgado el proyecto al grupo que hizo la segunda propuesta, que aumentaba el costo en más de $1,000 millones, qué garantía se hubiera tenido de que no se produjeran similares reclamos a los que actualmente plantea el GUPC. Sencillamente, ninguna. Por otro lado, algunos de los reclamos que ha presentado el GUPC son válidos, pero por montos inflados artificialmente como ha concluido la Junta de Resolución de Conflictos. En los reclamos del contratista existe ‘inconsistencia y falta de sustento y la reiterada pretensión de obtener de forma ilegítima hasta el triple del dinero de los panameños', denunció la ACP.

El contrato suscrito entre las partes contempla fórmulas para calcular aumentos de costos por inflación, por el combustible y otros insumos, así como por los incrementos de salarios decretados por el gobierno nacional. Los paros de labores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) para exigir aumentos a los salarios pactados, que resultaron superiores a los acordados con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), han incrementado los costos del proyecto. Lo mismo vale para los días libres decretados por la muerte de expresidentes u otros imponderables. Son reclamos válidos y deben atenderse.

Sin embargo, en estos momentos en que la ampliación del Canal registra un avance del 95% en su ejecución, lo que hay que hacer es abocarse a concluir la obra cuanto antes y ponerla en uso. Y rechazar, al mismo tiempo, las amenazas del GUPC de suspender la obra esgrimiendo argumentos insostenibles. La Nación en su conjunto debe respaldar a la administración de la ACP y sus ingenieros que nunca anticiparon que se verían enfrentados a un ejército de abogados y expertos litigantes del GUPC que reclaman costos adicionales de una obra que si se entrega en mayo tendría 550 días de atraso.

Cuando el Canal ampliado entre en operaciones y hayan cesado los cuestionamientos hacia la gestión de sus administradores, también quedarán en el olvido las voces que vaticinaron el fracaso total del proyecto. Paradójicamente le corresponderá al presidente Juan Carlos Varela inaugurar una obra a la cual se opuso tenazmente. En ese momento, solo perdurará en la memoria el acontecimiento histórico que de seguro proyectará a Panamá hacia el futuro, con su Canal ampliado como motor de desarrollo y como un nuevo motivo de orgullo nacional.

PERIODISTA