Hechos y circunstancias que producen avances

El 29 de mayo de 2008 sucedió el fatal accidente del helicóptero SAN-100 del antiguo Servicio Aéreo Nacional (SAN). En ese accidente fallecieron el general chileno José Alejandro Bernales, comandante del Cuerpo de Carabineros (Policía) de Chile. También su esposa Teresa Bianchi, otros cuatro ciudadanos chilenos y cinco oficiales panameños miembros de la Fuerza Pública.

El general Bernales se encontraba en una misión de buena voluntad, preparando ofertas de importantes programas de profesionalización de la Policía Nacional de Panamá, para lograr avances sustantivos en dicha institución.

El proceso de investigación del hecho estuvo a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Panamá, con la participación de la Empresa Bell, fabricante del helicóptero, los representantes de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI) y las máximas autoridades de Aeronáutica Civil y de la Fuerza Aérea de Chile. De igual manera participaron autoridades estadounidenses de Aeronáutica Civil y de la Fuerza Aérea estadounidense, que ofrecieron sus experticias de investigación en este tipo de accidentes aéreos.

El informe final indicó que el accidente se debió a error humano del piloto, al actuar ante una falla mecánica de uno de sus dos motores. Se determinó que el piloto debió reaccionar con otras maniobras de recuperación, ya que el otro motor tenía potencia completa. La falla mecánica —el informe final señaló— no debió provocar una incidencia de esa magnitud.

El accidente del SAN-100 se produjo en medio de una profunda reforma de la plataforma legal y estrategias de seguridad del país, iniciada a principios del 2008 para enfrentar al crimen organizado que había puesto pies en nuestro territorio. La guerra desatada contra ese flagelo por el presidente Felipe Calderón en México y la intensa ejecución del Plan Colombia que realizaba el presidente Álvaro Uribe contra las guerrillas de la FARC y el narcotráfico, produjo su traslado e instalación de sus operaciones en nuestro territorio, que su dolarizado sistema y secreto bancario facilitaban.

Ejecutivos de saco y corbata del crimen organizado, que tendían sus tentáculos hacia varios países del hemisferio y Europa, llegaron a Panamá y penetraron instituciones, reclutaron pandilleros, elevando de forma dramática las cifras de homicidios violentos y de criminalidad en nuestro país, pretendiendo establecer rutas viables y depósitos seguros de drogas y dinero, como segmento vital de sus actividades criminales.

Como parte de la nueva legislación de Seguridad, ya se habían creado un Viceministerio de Seguridad Pública en el Ministerio de Gobierno y Justicia; la Dirección de Investigación Criminal (DIJ) en la Policía Nacional; el nuevo Servicio Nacional de Migración (SNM) y la Autoridad Nacional de Aduana (ANA).

El hecho trágico del SAN-100 y las circunstancias del incremento criminal, confirmaron la necesidad de crear el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) como una nueva y moderna institución, a partir del Servicio Aéreo Nacional (SAN) y el Servicio Marítimo Nacional (SMN) para mejorar sus estructuras, dotarlas de nuevos y mejores equipos navales y aéreos para el fiel cumplimiento de su misión constitucional. La institución fue creada luego de realizar los estudios correspondientes, de realizar consultas internacionales de su viabilidad y de preparar un Plan Maestro de la Creación del SENAN. También, bajo estos hechos y circunstancias se creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para garantizar la seguridad de las comunidades fronterizas con Costa Rica y Colombia, mediante una fuerza profesional creíble, equipada, armada, entrenada y con movilización para esos Teatros de Operaciones complejos.

Esta plataforma legal incluyó la creación del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS), derogado en el 2010; la autorización legal para designar Oficiales profesionales como directores de todas las instituciones de Seguridad, igual que en el SENAN y Senafront. También se presentaron los proyectos de leyes de las Agencias Privadas de Seguridad; de Control de armas, municiones y explosivos, y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Todo esto tuvo justificaciones estratégicas para producir los avances propuestos, así como razonamientos operacionales comprobados por el incremento dramático de los homicidios violentos a partir del 2008. Las instituciones de Seguridad, fortalecidas a partir del 2009, han demostrado su profesionalismo en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y otros delitos conexos. Aún falta mucho para neutralizar y reducir la delincuencia común que afecta sensiblemente a los ciudadanos en nuestras ciudades.

Ojalá las nuevas designaciones de ministro y viceministro de Seguridad Pública, determinen reorientar las estrategias de seguridad del país para avanzar y enfrentar los retos actuales y del futuro, con sus instituciones de seguridad consolidadas. Así sea.

ABOGADO