Cateo irrazonable

Las constituciones son las reglas del juego social más importantes, pues de ello depende una sana y próspera convivencia. Las constituciones dicen mucho acerca de la salud de una nación. Así, si vemos un pueblo con una constitución muy extensa, enredada y contradictoria, no sería arriesgado concluir que se trata de un pueblo imberbe; y en nuestro caso bien vale la pena efectuar esa introspección. Luego, más allá de la letra constitucional, está la realidad de cómo nos apegamos a ella; ya que de nada sirven las reglas, si no se respetan, lo cual nos deja sumidos en pantanos de anarquía y totalitarismo. Pero, como bien lo señalara en su momento Frederick Bastiat, cuando prostituimos la ley, estamos en serios aprietos; y de allí no tenemos por qué extrañarnos ante los problemas de pobreza, violencia y grandes disparidades sociales y económicas.

Estoy convencido de que en nuestro hermoso país estamos en graves aprietos, a raíz de una constitución muy prostituida; que hace imposible su aplicación y nos deja estancados en una discrecionalidad castrante por parte de los clanes dominantes de turno.

También conviene señalar ejemplos o síntomas que constatan la enfermedad que padecemos. En este caso me refiero a la costumbre endémica y delictiva de parte de las autoridades que dicen estar cuidando nuestras vidas y propiedades; para lo cual permiten o apadrinan que sus empleados agentes de policía efectúen retenes, cateos y retenciones ilegales. Lo hacen alegando que ello convine a la seguridad pública. ¡Nada más falso!, porque no es seguro permitir que nuestras autoridades y sus agentes de policía anden violando la ley.

Peor aún es que ya gran parte de la ciudadanía acuerpa semejante actuación delictiva de parte de quienes están pagados y llamados a defender las leyes. Y qué triste, en este caso, que sea un lego en materia jurídica quien deba salir a efectuar estos señalamientos; pues los profesionales del ramo callan. Pero no olvidemos que la ley manda que todo ciudadano debe conocerla y respetarla. ¡Misión imposible!, que le llaman.

Como referencia y ejemplo, cito la Cuarta Enmienda de los EE.UU., un país al cual, pese a humanas inconsistencias, no le ha ido tan mal con la práctica de la libertad. Esta Enmienda prohíbe que las autoridades, a través de sus empleados policías, practiquen cateos irrazonables. ‘Razonable ' significa que debe existir causa probable. Pero quién determina lo que es ‘causa probable ' no son los agentes de policía, sino las autoridades, que en Panamá son los jueces, ministros y tal, que deben mandar el cateo por escrito. En mi caso, le he preguntado a directores de policía: ¿quién manda a efectuar los retenes? Uno de ellos me dio la lacónica respuesta de, ‘nadie '. Lo curioso es ver cómo saltan a defender a ‘don Nadie '.

Tristemente, en Panamá no existe en nuestra Constitución un mandato semejante. Un profesional de la ley que consulté me refirió al Artículo 21, que se refiere a la inviolabilidad del correo. Supongo que por asociación lógica se extiende al resto de nuestra propiedad. Es decir, si está prohibido abrir tu correo, mucho más prohibido es abrir tu bolsillo, cartera, maleta, auto, y obligarte a respirar por un tubillo y tal, bajo el falso argumento de que nos cuidan. Lo que hay que ver es si nos cuidan de los maleantes, dejándonos a la merced de los coimeros, con el perdón de los buenos policías. Desdichadamente hasta estos quedan salpicados de lodo.

Las otras normas constitucionales a las cuales podríamos acudir, son: El Preámbulo, que habla de la ‘dignidad humana '; El Artículo 18, que dice que solo somos responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución y sus leyes... y que establece el principio de la extralimitación de funciones; El 21 dice que ‘nadie puede ser privado de su libertad ', y si un policía te hace parar para catearte, te está privando del derecho a ‘libre tránsito ', consagrado en el 27. Y digan lo que digan, ‘libre tránsito ' no admite que te detengan en excursiones de pesca de peces maleantes. Y más allá de todo ello, es completamente falso que, para lograr seguridad en el país, hace falta violar derechos fundamentales. Estas prácticas no son más que la pereza de no hacer el trabajo como lo requiere la actividad. ¡Y!... ¿qué con el principio constitucional vertido en el Artículo 22, del derecho a ser considerado inocente, hasta que se demuestre lo contrario? Lástima que ‘de tal palo, tal astilla '.

Pero la seguridad va mucho más allá de la actividad de policía; y, como ejemplo, yo sostengo que la estafa de una pésima educación gubernamental es el mayor criadero de inseguridad que hay. Quieren seguridad y prosperidad, dejen en libertad a los niños que tienen encerrados en las mazmorras de embrutecimiento estatal. Educar es asunto ciudadano y no gubernamental.

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