Temas Especiales

03 de Mar de 2021

Abel D. Comrie Ortega

Columnistas

El calvario de un pueblo

‘... algún día se sabrá de todas las interioridades de esta madeja conspirativa... para saquear nuestro mayor recurso...'

Ha pasado la sincera alegría del pueblo y se desvanecerá la euforia. En su momento, voté a favor de la ampliación del Canal de Panamá y las razones que en aquel momento me llevaron a tal decisión hoy siguen siendo válidas, aunque siempre me preocuparon los nubarrones de corrupción que fueron agrupándose desde mucho antes de la ampliación. Por eso, sé que estas líneas no serán del agrado de muchos y algunos quizá me tilden de ‘mal panameño '.

A escasos días de haberse inaugurado el Canal ampliado, reflexiono en torno a lo que ha sido el vía crucis de culminar los trabajos y los entretelones de corrupción internacional y local que todos los sectores de poder político y económico han encubierto hasta ahora. Las obras son entregadas hoy con dos años de retraso. Con un costo total inicial estimado en $5250 millones y sobre los cuales la ACP ha pagado 460 millones adicionales en reclamos que le ha aceptado a GUPC, esta última aún pretende que se le paguen y mantiene en disputa, otros $3525 millones.

En ruta, agreguemos que la propuesta ganadora de GUPC fue casi 1000 millones por debajo de su más cercana competidora, lo que debió al menos despertar la curiosidad de la ACP, por no decir sospechas. Para el momento de la contratación y durante las obras, el líder del consorcio, SACYR, era una empresa virtualmente en quiebra cuyo maquillaje financiero en bolsa, manchó el mantel de la transparencia y ello fue de conocimiento de la ACP. No olvidemos que fue bajo el Gobierno de Martín Torrijos, y con el apoyo unánime de los partidos de oposición, que se modificó el título constitucional del Canal para permitir que el texto de los contratos pudieran considerarse como reservados y no sometidos a consulta alguna.

Un aviso de lo que ocurriría con esta ampliación fue la también modificación previa a la licitación, de la restricción contenida en el reglamento de la ACP que no permitía que ninguna empresa en la que un miembro de la Junta Directiva tuviera un 10 % o más en acciones, pudiera concursar para contratar obras o trabajos en el Canal. Sin embargo y con anuencia de la Junta Directiva, el administrador de ese momento, Alberto Alemán Zubieta, logró modificar el reglamento para elevar este porcentaje del 10 % al 35 % y así dar paso a la participación de CUSA como parte de GUPC, donde el entonces administrador tiene o tenía acciones.

Hubo reiterados ‘errores ' y deficiencias constructivas y de diseño que harían palidecer al más avezado promotor. Se pagaron millones de dólares en consultorías e inspectorías y me pregunto ¿cómo ningún inspector advirtió de las fallas constructivas y de diseño que se dice justifican los reclamos? Si GUPC lograra que se le pague la totalidad de esos reclamos terminaría cobrando: 3578 (que ya se le pagaron) más 3525 (en reclamos), 7103 millones de dólares; o sea, MÁS DEL DOBLE DE LO CONTRATADO.

En declaraciones de hace unos meses a la prensa, la ACP ha dicho que habrá una reducción de sus ingresos por razón de la disminución de la carga de los barcos que transitan el Canal y que, como consecuencia inevitable los aportes al Estado panameño, serán inferiores a lo proyectado para el período 2014-2021.

Un artículo publicado recientemente en el diario New York Times (http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/22/world/americas/panama-canal.html?_r=1) refiere que este nuevo Canal ampliado deberá enfrentar serios retos, como lo son la capacidad de Panamá de proveer suficiente agua para sus operaciones, una muy cuestionable calidad del concreto utilizado y unas esclusas que al momento de ser inauguradas podrían ser inadecuadas, por razón de tamaño, para maniobrar los grandes buques que empiezan a ser construidos en este momento. Esta misma entrega periodística advierte de las deficiencias de los remolcadores adquiridos a una empresa española por 158 millones y señala tener documentos que vinculan al hijo de Jorge Luis Quijano, administrador del Canal de Panamá.

No puedo menos que desearle a mi país lo mejor luego de estas obras, pero permítanme no querer celebrar. Como ciudadano pensante y preocupado por el devenir nacional, considero mi deber transmitir estos hechos para que cada quien se forme su juicio al respecto. Ojalá no suceda lo que algunos vaticinan, pero estoy seguro de que algún día se sabrá de todas las interioridades de esta madeja conspirativa que se fraguó dentro y fuera del país para saquear nuestro mayor recurso. Mientras tanto, el título del maestro Julio Yau, seguirá siendo válido: El Canal de Panamá, calvario de un pueblo .

ABOGADO