25 de Feb de 2020

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Rafael Carles

Columnistas

Sentido común

Esta sociedad en que vivimos tiene particularidades que determinan nuestra identidad, entre las cuales podemos consignar la tendencia a teorizar y...

Esta sociedad en que vivimos tiene particularidades que determinan nuestra identidad, entre las cuales podemos consignar la tendencia a teorizar y discutir más que a concretar y hacer. Otra característica reconocida por propios y ajenos es la de ser un pueblo inculto y con bajo grado en el cumplimiento del marco legal de la nación.

Hoy vamos a incursionar en una forma de nuestro actuar en el cual hay una notoria divergencia entre nuestra forma de pensar y ser y la manera en que procedemos o dejamos hacer. Un ejemplo claro, pero sintomático, es lo que sucede de forma reiterada y persistente con la forma de administrar el flujo vehicular en nuestras calles y carreteras. Hace pocos días, en ocasión de un accidente que dejó un saldo de más de una decena de humildes campesinos, la opinión pública se volcó a hacer comentarios sobre la carencia de medidas de seguridad, poca visibilidad, deterioro del pavimento, losas quebradas de concretos, falta de pintura en zonas de no pasar, y la ausencia de agentes del tránsito en horas pico. La fuerte discusión estuvo a punto de salirse de cauce mientras unos lloraban a sus familiares fallecidos y otros exigían penas severas para los responsables del hecho.

La razón que invocan las autoridades es que llegarán al fondo del asunto para beneficio de la comunidad, el interés general y el sentido común. Sin duda, no es posible que, como ciudadanos de una sociedad organizada, tengamos que tolerar la negligencia que desde hace años vivimos al no establecerse el ‘gobernador de velocidad' para todos los vehículos de transporte público, lo cual asegura las más elementales normas de seguridad por el buen criterio y promueve las buenas costumbres de tránsito.

Este desvío del normal flujo vehicular hacia el abuso desfachatado de los usuarios ha venido sucediendo y seguirá aconteciendo mientras no se dicte una norma legal que nos ampare en nuestros legítimos derechos y obligaciones. Por fortuna pareciera que las cosas pueden cambiar porque desafortunadamente en Panamá, las cosas caminan cuando hay muertos o quemados. Recuerdo perfectamente cuando el 24 de mayo de 1971 se despepitó un bus de la ruta Panamá – Chorrera y fue a dar abajo del Puente de las Américas con el resultado de dos docenas de muertos. Y aquel 23 de octubre de 2006 cuando un corto circuito causó el incendio de un bus de la ruta Corredor Norte y causó la muerte de 18 personas.

Por eso, tras la tragedia del pasado domingo en Antón, es necesario presentar un proyecto de ley por el cual se agrega un inciso al Código Penal en el cual se tipifica, como falta grave, el incumplimiento de normas básicas de tránsito y cuyo castigo podrán ser multas cuantiosas o tiempo en cárcel si las mismas causan lesión y muertes. Sabemos que el camino que corra un proyecto de esta naturaleza requiere de la voluntad de los diputados de la Asamblea Nacional, pero igualmente necesita de la ayuda del Ejecutivo para su promulgación y reglamentación. De todas formas entendemos que una cosa tan elemental y simple como la que nos ocupa no debiera demorarse, porque la forma en que la mayoría conduce en este país no compagina con la idiosincrasia y cultura de países civilizados.

Conducir un vehículo tiene que ser asumido como un privilegio de gran responsabilidad. Al final, un vehículo es un arma en potencia que mal utilizado causa accidentes y muertes. Por tanto, las autoridades están obligadas a poner todo su empeño en crear un ambiente seguro en las calles y carreteras del país, y un primer paso en esa dirección sería el quitar la licencia de conducir por un año a todo el que sea sorprendido por primera vez con aliento alcohólico. Y por supuesto, aplicar penas ejemplares de cárcel para aquellos que insistan y repitan este tipo de infracciones una y otra vez.

En definitiva, hay que ejercer la autoridad y no puede haber dudas al respecto. Es un tema de sentido común...

EL AUTOR ES EMPRESARIO, CONSULTOR EN SALUD Y ASESOR EN SALUD PÚBLICA