Gobierno, padres de familia y educación particular

El ambiente escolar en nuestro país no escapa de las acciones inconsultas del Gobierno, que más que contribuir con el beneficio de la población, le causa frustraciones y perjuicios. El Decreto Ejecutivo 879 de 27 de septiembre de 2016, por el cual se le aumenta el salario a los docentes representa un verdadero atentado para exterminar a las escuelas privadas. El apuro de los gobernantes de acabar con la huelga de los maestros, los llevó a actuar sin tomar en consideración a los centros educativos privados ni a medir las nefastas consecuencias que causaría la implementación del aumento de los salarios en el sector privado. Si bien es cierto, la educación por orden constitucional, debe ser regulada y normada por el Estado, pero esto no le da derecho al Estado de propiciar la inseguridad jurídica de quienes ofrecen servicio de enseñanza privada, obligándolos a subir sus costos para poder incrementar sus recursos, elevando el descontento de los padres de familia.

A pocos días de vencerse el plazo para cumplir con los aumentos de los docentes, los colegios privados de Panamá, han alzado su voz de protesta al ver que no reciben ninguna alternativa ni solución, para amortiguar el golpe económico que representa el aumento de salario de su personal. El ingreso de las escuelas privadas que sustenta su funcionamiento, es la matrícula y cuotas mensuales que pagan los padres de familia. Ese pago va dirigido a cubrir varios rubros, no solo sirve para cubrir la planilla de los docentes. Para el funcionamiento integral de un centro educativo privado hay que invertir primero que todo en su infraestructura, que debe cumplir con lo exigido por las autoridades. Se debe dotar de bienes muebles, (sillas, tableros, implementos de laboratorio y de educación física, instrumentos de música, por mencionar algunos). Se debe comprar una página web, para el manejo de notas, agendas y comunicación en general con el padre de familia. Esto conlleva el implemento de tecnología (computadoras, Internet, videovigilancia, etc.). Se debe contratar anualmente una póliza de seguro, cuyas primas son elevadas, por la incidencia de accidentes entre el estudiantado. En fin, la matrícula y cuotas que paga el padre de familia se va fraccionando y fraccionando que las ganancias que percibe el centro educativo no son tan majestuosas como se ha querido pintar ante los padres de familia. Las consecuencias de la medida de aumentar los salarios de los docentes en el sector privado se traducen en el sacrificio que tendrán que hacer los padres de familia por mantener a sus hijos en las escuelas privadas o trasladarlos a una escuela pública. Otra consecuencia es el cierre inminente de muchas escuelas, por no poder hacerle frente al pago de los salarios de los docentes. Este escenario ha propiciado un ambiente de discordia entre padres de familia y las escuelas de sus hijos, tanto así, que actualmente, existen demandas civiles. Pero ¿qué papel juega el Gobierno central, cuando fueron ellos los que han creado esa situación de choque y disconformidad?

El aumento de las matrículas y cuotas anunciado para el 2018 ha sido significativo, porque el aumento de los salarios de los docentes ha sido elevado y acordado para hacerlo valer en un lapso de un año, a partir de la vigencia del Decreto 879. Los educadores se merecen un buen salario (eso no se cuestiona). El error de la medida inconsulta es la obligatoriedad de forzar a una empresa privada aumentar sus salarios, cuando sus ingresos no son suficientes para afrontarlos. Esto de igual forma conlleva a los empleados a demandar a su empleador por no cumplir con lo ordenado por el Gobierno. ¿Cómo hacerle entender a los padres de familia que los aumentos de matrículas y cuotas escolares no son caprichos de las escuelas privadas ni mucho menos se harán ‘millonarias'. Administrar un centro educativo privado no es tarea fácil, representa un engranaje de funciones. Vale la pena mencionar que lo percibido del pago del servicio de enseñanza se destina para pagar impuestos, servicios de luz, teléfono, Internet y agua y dar el mantenimiento de los aparatos electrónicos en general.

Otro factor que ha perjudicado el negocio del servicio de enseñanza privada es generalizar cuando se dice que las escuelas piden donaciones para ingresar. Esas escuelas representan un número minúsculo. Si el Gobierno no se pronuncia seriamente ante esta situación, la crisis escolar se verá aumentada, los las escuelas públicas no se darán abasto para recibir a tantos estudiantes y muchos educadores perderán sus empleos ante el cierre de las escuelas privadas. Urge un punto medio que permita a las escuelas privadas ajustarse a su economía y recibir del Estado una respuesta coadyuvante que aliviane el golpe monetario.

ABOGADA Y MADRE DE FAMILIA.