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15 de Oct de 2019

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Julio Bermúdez Valdés

Columnistas

El canto del cisne

¿Consultar la designación de magistrados no fue acaso una de sus promesas de campaña?

En uno de mis últimos artículos aseveré que el presidente Juan Carlos Varela mandaba en el país sin contratiempos, al carecer de una oposición efectiva. Sumaba, hasta ese momento, una alianza parlamentaria que favorecía la gobernabilidad, y un Órgano Judicial en el cual se seguía a pie juntillas, si no sus directrices, al menos sus sugerencias.

Las últimas designaciones para magistrados de la Corte incorporan, sin embargo, una particular cuota de dudas por la intención que proyecta, el estilo que presenta y el reflejo de una extraña visión política.

Junto a la fiscal Vielka Broce, la licenciada Zuleika Moore ha recibido desde distintos sectores críticas particularmente severas que la sitúan ante posibles demandas para el quinquenio venidero.

Ejecutora de cuestionadas medidas procesales, su presentación parece insinuar un blindaje de dos vías: la de la propia funcionaria y la del Ejecutivo, que sabe que el tiempo se acaba. La propuesta de la licenciada Ana Lucrecia Tovar de Zarak, parece más personal, aunque con el mismo propósito y un latente conflicto de intereses.

Pensar, siquiera que la administración Varela lo ignora sería una ingenuidad política imperdonable; pero admitirlo significaría también reconocer que estamos ante un Gobierno dispuesto a todo.

Nadie puede pensar en la necesidad de blindarse de no ser porque calcula la llegada y el espesor de un conflicto inevitable, en un país donde los procesos anticorrupción investigados no han despejado dudas fundamentales; donde el abandono en que se encuentra un buen número de proyectos que fueron suspendidos desde 2014 representan pérdidas millonarias para el Estado; donde se ignoran las consecuencias y los involucrados en el llamado escándalo Odebrecht, mientras que en el mundo se han denunciado, investigado y hasta condenado a distintas personalidades.

Aquí un escándalo ha tapado otro, pero el principal sigue en la nebulosa de Andrómeda y hasta se trató de inculpar a la Corte Suprema por la falta de investigación de casos donde la responsabilidad solo era del Ministerio Público, y donde se han simulado casos extraños como el del perredista Pany Pérez.

Preocupa, por ejemplo, ¿por qué el Consejo de Gabinete se encerró, y se olvidó de una sociedad civil, donde hay fuerzas que lo han respaldado, para hacer luego un anuncio sin siquiera darle la cara al país? ¿Consultar la designación de magistrados no fue acaso una de sus promesas de campaña?

A esa especie de indiferencia calculada ante el consenso, aunque sea con el mismo sector que lo ha apoyado, sugiere también la confianza exclusiva del Ejecutivo en sus huestes más cercanas, en su círculo y que como en el caso de la licenciada Moore no está conformado precisamente por méritos sino por preocupaciones. Cerrar el círculo puede ser un intento por mostrar fortaleza y determinación, pero igualmente alimenta la idea del aislamiento.

Tanto las designaciones como las reacciones que han generado proyectan cambios importantes en el escenario político que despunta en enero próximo. Los recurrentes choques entre el Ejecutivo y su otrora aliado parlamentario, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y la pugna cada vez más crítica dentro del Partido Cambio Democrático (CD), hacen pensar que la administración Varela, aunque gobernante, no contará en 2018 con la solvencia mostrada hasta ahora.

Más aún, pareciera que el nuevo calendario será un campo de batalla, donde podrían esperarse las más inéditas actuaciones en la política panameña.

La decisión sobre las magistradas se tomará en la Asamblea Nacional, uno de los organismos más vilipendiados de los últimos años, pese a su obsecuente colaboración con el Gobierno. ¿Le dará paso ahora a la petición de su verdugo?

PERIODISTA