La Estrella de Panamá
Panamá,25º

15 de Oct de 2019

Catia Rojas Toro

Columnistas

Abuso cautelar a defensores de DDHH y del ambiente

En octubre de 2017, junto a la Defensoría del Pueblo, documentó diez casos de criminalización a defensores de DDHH y ambientales

La Red de Derechos Humanos de Panamá, desde noviembre de 2016 inició un proceso de recopilación de casos de activistas que en el marco de acciones en defensa del ambiente y los DDHH, terminaron judicializados. Ha desarrollado un esfuerzo importante por denunciar una tendencia que se incrementa de forma alarmante, que incluso desconoce la libertad de expresión en Internet.

En octubre de 2017, junto a la Defensoría del Pueblo, documentó diez casos de criminalización a defensores de DDHH y ambientales. Uno fue el allanamiento y secuestro dictado por un juez del ramo de lo Civil en contra del presidente de la Asociación de Propietarios de Jardines de Albrook (Aprojal), Max Crowe, y a la organización que representa. La Red en su informe enfatizó que, ‘los casos de demandas civiles y penales contra defensores y defensoras aquí descritas, surgen de la arbitrariedad a la que se vieron compelidos a enfrentar, y que, generalmente entraña ya sea negligencia o complicidad de autoridades locales, sectoriales y de agentes de la autoridad, en la comisión de abusos, agresiones físicas, psicológicas, económicas y políticas', e incluye la detención preventiva en la cárcel de la Joyita.

PH Bahía del Golf es una comunidad que se opuso a la construcción de dos nuevas torres, sustentando, entre otras anomalías, que el permiso de construcción era ilegal. En octubre de 2015, la promotora demandó civilmente y solicitó el secuestro de los bienes de las personas naturales que conforman la Junta Directiva y del edificio, por la suma de $6.5 millones. La Red, sustenta que se trata de un ‘acoso judicial como prueba de la sofisticación del hostigamiento, por ser una nueva forma de intimidación jurídica y económica en nuestro país'. Como el de Bahía del Golf, hay dos casos más en igual circunstancia.

El 21 de febrero de este año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió un Amparo de Garantías Constitucionales presentado a título personal por el presidente de la Junta Directiva de Bahía del Golf, quien argumentó que es ilegal ordenar secuestros a las personas naturales que sean miembros de estas. Esa corporación ordenó el levantamiento de la medida cautelar al presidente y la extendió a los miembros restantes por encontrarse en la misma condición jurídica.

El fallo sienta un precedente importante para casos similares, porque la resolución consigna que este tipo de medida ‘evidencia una palpable lesividad a sus derechos fundamentales por una medida cautelar excesiva y desproporcionada'. Por lo tanto, quienes estén en la misma condición podrán apelar ante el juzgador este fundamento, para protegerse de ese componente abusivo.

También es un mensaje para los jueces, al recordarles que les corresponde velar por ‘el cuidado que debe tenerse al limitar una garantía fundamental a través de una medida cautelar de secuestro, atendiendo a las facultades que dispone el derecho procesal', de lo contrario, se producirán perjuicios irreparables por su arbitrariedad.

Es tiempo de que el sistema de justicia ponga cuidado en no admitir el abuso cautelar en contra de ciudadanos que defienden sus derechos. El exceso busca desmembrar el activismo ciudadano. Tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial, deben corregir ese tono disonante cuando a contrapunto adoptan medidas laxas, al tratarse de los implicados en casos de corrupción de alto perfil, algunos de los cuales incluso resultan ser los victimarios, como ocurre con Bahía del Golf.

LA AUTORA ES PERIODISTA Y MIEMBRO DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS DE PANAMÁ.